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El reto que causó crisis en Sudamérica llega a las aulas peruanas por afán de viralización.
La Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades del sector Educación mantienen una vigilancia estricta ante la propagación de un reto viral que promueve amenazas simuladas de tiroteos en instituciones de Lima, Callao y Piura.
Aunque las investigaciones técnicas han descartado la existencia de planes de ataque reales, el impacto de estas acciones ha sido severo, provocando el cierre temporal de planteles, un marcado ausentismo escolar y la activación innecesaria de protocolos de emergencia.
Este fenómeno, que ya ha generado crisis de seguridad en Chile, Argentina y México, consiste en la difusión de mensajes intimidatorios a través de redes sociales, infraestructura escolar y plataformas de videoconferencia, con el único propósito de alcanzar notoriedad digital mediante la viralización del miedo entre la comunidad educativa.
En el Cercado de Lima, el rastreo de mensajes emitidos durante reuniones virtuales de padres de familia permitió identificar a dos estudiantes como los autores de amenazas inicialmente atribuidas a mafias de extorsión.
Situaciones de pánico similares se reportaron en los distritos de Chorrillos y Villa El Salvador, donde el resguardo policial tuvo que ser intensificado para garantizar el retorno a las aulas. En la región Callao, la Dirección Regional de Educación intervino en tres colegios tras el hallazgo de inscripciones amenazantes, mientras que en Sullana, la intervención de la Fiscalía y la policía incluyó la revisión de mochilas y operativos preventivos en el colegio Santa Rosa para mitigar el temor de las familias ante posibles actos de violencia armada.
Las autoridades advierten que estas conductas, impulsadas por el afán de obtener interacciones en plataformas digitales, conllevan graves consecuencias legales y operativas para los involucrados. El uso de recursos públicos para atender alertas falsas debilita la capacidad de respuesta ante emergencias reales y vulnera la estabilidad emocional de miles de estudiantes y docentes.
Especialistas en ciberseguridad y educación han enfatizado la necesidad de que los padres de familia supervisen activamente el consumo digital de los menores, alertando que la normalización de amenazas de violencia representa un riesgo social que debe ser frenado mediante el diálogo familiar y la aplicación rigurosa de las normativas de convivencia escolar y seguridad pública vigentes.
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