Ley aprobada por el Congreso abre puerta a arresto domiciliario para Toledo y Montesinos
La reciente aprobación de la Ley Nº 32181, que modifica el artículo 22 del Código Penal sobre la reducción de pena por edad, ha generado controversia y preocupación en el ámbito judicial peruano. Esta normativa, que permite a personas mayores de 80 años cumplir sus condenas bajo arresto domiciliario, ha abierto la puerta a que diversos condenados por delitos graves, incluyendo corrupción, busquen beneficios penitenciarios.
Alejandro Toledo y la búsqueda del arresto domiciliario
El expresidente Alejandro Toledo, sentenciado a 20 años de prisión por recibir sobornos de Odebrecht, ha solicitado al Poder Judicial la aplicación de esta nueva ley, argumentando su edad (80 años). Su abogado, Roberto Su, confirmó a Perú21 que la solicitud fue presentada poco después de que Toledo cumpliera 80 años el 28 de marzo. El caso se encuentra en manos del juez de garantías Richard Concepción Carhuancho, a la espera de una resolución o la convocatoria a una audiencia.
Otros posibles beneficiarios: Montesinos, Morote y Kuczynski
La aplicación de esta ley no solo beneficiaría a Toledo, sino también a otros personajes condenados por delitos graves. Vladimiro Montesinos, exasesor presidencial, cumpliría 80 años en mayo y podría solicitar el mismo beneficio. Además, un fallo del Tribunal Constitucional le permitiría recuperar su libertad plena en 2026.
Osmán Morote Barrionuevo, número dos de Sendero Luminoso, también podría acogerse a la ley, a pesar de su condena a cadena perpetua por el atentado de la calle Tarata. En el caso Lava Jato, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el exsecretario presidencial Luis Nava Guibert también podrían beneficiarse.
Reacciones y propuestas de modificación
Ante la controversia generada, la congresista Milagros Aguayo ha presentado un proyecto de ley para excluir de este beneficio a los condenados por delitos graves como violación de menores, terrorismo, sicariato, extorsión, secuestro, robo agravado y tráfico ilícito de drogas. La Comisión de Justicia del Congreso ya aprobó el dictamen, aunque excluyendo delitos de corrupción y lavado de activos, y ahora deberá ser debatido en el Pleno.
El penalista Fernando Silva ha señalado que el Poder Judicial no actúa de oficio, sino a pedido de las defensas, y ha sugerido que se convoquen audiencias para evaluar cada caso individualmente.
La Ley Nº 32181 ha desatado un debate sobre la aplicación de beneficios penitenciarios a personas de avanzada edad condenadas por delitos graves, generando preocupación sobre la impunidad y la justicia en el país.
