La Comisión investigadora de los contratos con empresas brasileras como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao, que preside la legisladora Rosa María Bartra (FP), acordó citar a la ex alcaldesa Susana Villarán Puente y los funcionarios que durante su periodo revisaron y modificaron los términos de diversos proyectos de inversión efectuados por el Municipio Metropolitano de Lima.
Fue durante la sesión del viernes 18 en la que se recibió a Jaime Villafuerte Quiroz, gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima y a Kitty Trinidad Guerrero, ex directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Villafuerte Quiroz sostuvo que Susana Villarán luego de asumir al cargo, en noviembre 2010, solicitó evaluar las decisiones tomadas para la ejecución de los proyectos de inversión y en setiembre del 2012, por acuerdo de Concejo, se adjudicó directamente al Consorcio Líneas Viales de Lima que lidera la empresa Odebrecht, el Proyecto Vías Nuevas de Lima.
El funcionario señaló cláusulas ‘controversiales’ del contrato del Proyecto Vías Nuevas de Lima, mediante las cuales se pacta la entrega y explotación de las Unidades de Peaje al Concesionario a solo 30 días de suscrito el contrato de concesión.
“No se fijaron causales de incumplimiento de las obligaciones que debía haber asumido la empresa concesionaria por la implementación de la Unidad de Peaje Nueva en Chillón; y se pacta la obligación del concedente (Municipio) de implementar la unidad de peaje en Chillón (en sentido Norte – Sur)”, precisó..
Mediante otra clausula (15.10) del mismo contrato, la empresa concedente no requería de autorización para el cambio de accionistas, bastaba con una comunicación por parte del concesionario.
Asimismo, otra clausula le obligaba al Municipio a cumplir con ‘la puesta a punto’ de las vías que concesionaba, ello mediante una adenda que denominaron de “Bancabilidad”. Este mecanismo, según observó el legislador Jorge Castro Bravo (FA), usualmente es utilizado en negociaciones que exigen obras de precisión, no en obras de manejo vial.
‘La puesta a punto’ sería un mecanismo mediante el cual el municipio tendría que entregar las vías concesionadas en perfectas condiciones asfálticas hecho que incrementó el costo a pagar de la Municipalidad en 145 millones más el respectivo IGV.
Junto a esta misma adenda se contempló el mecanismo de compensación para la ejecución de las obras correspondientes a las actividades previas asumidas por el concesionario y el cobro del peaje subió de 3.07 a 3.39 soles y de 3.07 a 3.54 soles.
Los legisladores Mauricio Mulder (APRA) y Victor Andrés Garcia Belaunde (AP) cuestionaron los términos del contrato y observaron que el consorcio concesionario liderado por Odebrecht, gracias a estos comenzó a recibir beneficios de los cobros de peajes sin haber invertido ni un sol.
El consorcio Líneas Viales de Lima haría diversas obras en la capital con la administración del 95% del dinero recaudado en los peajes durante un periodo de 30 años. La Municipalidad recibirá un 4% del cobro de peajes una vez terminadas las obras por el concesionario.
Odebrechet a cambio construiría 36 intercambios viales, pasos a desnivel, puentes peatonales en la Panamericana Sur y Norte, la Carretera Central y la Autopista Ramiro Prialé, ampliada hasta el puente Los Ángeles, en Chosica.
Según informó el funcionario Villafuerte Quiroz, muchas de estas obras aún están en vías de ejecución y otras se encuentran paralizadas como la obra de la vía Ramiro Prialé que ha dejado a populosos distritos, como San Juan de Lurigancho, en un caos vial.
Kitty Trinidad Guerrero, exdirectora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aclaró que no participó en ninguna etapa del proceso de entrega en concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Sur y que las observaciones efectuadas fueron posteriores a la entrega de dicha concesión.
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