Jueces de paz escolar logran más de 200 acuerdos de conciliación para garantizar la convivencia pacífica en las aulas.
Entre 2025 y el primer semestre de 2026, los jueces de paz escolares de diversas instituciones educativas del país aprobaron 228 actas de conciliación. Esta labor permitió resolver pacíficamente conflictos entre estudiantes, tales como agresiones y casos de acoso escolar, evitando que afecten el clima formativo en las aulas.
Los datos fueron presentados por la Comisión de Acceso a la Justicia, responsable del Programa de Justicia de Paz Escolar. Liderada por la magistrada Janet Tello Gilardi, esta iniciativa del Poder Judicial busca prevenir la violencia en el entorno educativo a través del diálogo y la mediación entre pares.
Cobertura e impacto institucional del programa
Durante el primer semestre de 2026, la iniciativa alcanzó a 319 instituciones educativas a nivel nacional. Un total de 1,165 estudiantes – 582 jueces y 583 secretarios escolares – asumieron roles de liderazgo dentro de sus aulas, logrando suscribir 70 actas de conciliación según los registros de las 34 cortes superiores de justicia del país.
Estas cifras se suman al balance de 2025, periodo en el que participaron 324 colegios con 652 jueces de paz y 592 secretarios escolares, alcanzando un total de 158 acuerdos de convivencia aprobados en el territorio nacional.
El programa, operativo desde 2016, parte del principio de que la escuela es el espacio propicio para aprender prácticas de justicia y responsabilidad compartida. La propuesta está dirigida a estudiantes de nivel secundaria, quienes son postulados por sus docentes – priorizando a quienes integran el tercio o quinto superior – , elegidos por sus compañeros y acreditados formalmente por el Poder Judicial.
Los líderes seleccionados reciben capacitación anual en métodos alternativos de solución de conflictos y operan desde Centros de Conciliación Escolar habilitados en sus colegios. Acompañados por directivos y docentes, conducen audiencias voluntarias para abordar faltas que no constituyen delitos, registrando los compromisos asumidos en un libro de actas oficial.
En el transcurso de 2026, el programa inició una etapa de focalización estratégica para priorizar planteles ubicados en zonas con mayor vulnerabilidad social. Cruzando información del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana y del portal ESCALE del Ministerio de Educación, se identificaron 102 colegios situados en entornos con altos índices de delincuencia, infracciones a la ley penal y violencia familiar.
En estas instituciones priorizadas, las comisiones distritales del Poder Judicial no solo forman a las autoridades escolares elegidas, sino que desarrollan jornadas de sensibilización con toda la comunidad educativa para prevenir el acoso y fortalecer la convivencia pacífica.
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