Referencial.
El Gobierno Nacional inició el proceso de reorganización integral de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con el objetivo de devolverle su función matriz de administrar, conservar y planificar los recursos hídricos del país.
El presidente ejecutivo de la entidad, Juan Carlos Castro, sostuvo que la reestructuración busca corregir la dispersión operativa que alejó a la institución de su rol técnico, mediante la reducción de la burocracia, la digitalización de trámites y el fortalecimiento de su directiva.
Reestructuración estratégica y simplificación administrativa
La hoja de ruta institucional contempla la creación de una nueva estructura técnica más conectada con el territorio y la reducción del consejo directivo a seis miembros, tres designados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y tres seleccionados por concurso público para acelerar la toma de decisiones. Asimismo, la ANA implementará un sistema tecnológico desconcentrado en las 159 cuencas del país para transparentar los trámites y generar estudios sobre la disponibilidad y calidad del agua que sirvan como base técnica para la inversión pública y privada.
En materia de destrabe de inversiones, la institución logró viabilizar 78 proyectos por casi US$ 1,200 millones y entregó 250 licencias de uso de agua en Jequetepeque (La Libertad), con un paquete similar pendiente de emisión. Alineados con el marco ambiental vigente, la entidad aprobó la renovación automática de títulos habilitantes y de permisos de vertimiento de aguas residuales que mantengan sus condiciones originales, eliminando reevaluaciones innecesarias para usuarios agrícolas, mineros, industriales y de consumo poblacional.
Respecto a la atención del riesgo de desastres, el funcionario aclaró que las labores de limpieza y descolmatación corresponden legalmente a los gobiernos regionales y locales bajo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd). Sin embargo, en el marco del Decreto de Urgencia 008-2026, la ANA asumió temporalmente la intervención en 70 puntos críticos, adquiriendo maquinaria para ejecutar trabajos preventivos en siete regiones, entre las que destaca Piura por la falta de mantenimiento local previo en el cauce urbano de su río.
Para agilizar la respuesta ante eventuales emergencias, la entidad emitió una normativa que reduce los requisitos previos y exige únicamente una comunicación formal en un plazo de 10 días a las autoridades locales del agua tras iniciar trabajos de enrocado o contención.
Monitoreo ambiental y balance operativo
En el ámbito de la conservación, la institución alista la publicación del Libro Azul de la Calidad de los Recursos Hídricos, documento que recopila la situación de más de 133 cuencas monitoreadas. En el último periodo, la entidad otorgó más de 13,000 derechos de uso de agua, ejecutó 212 monitoreos en 119 fuentes hídricas y limpió 132 kilómetros de cauces en 123 puntos vulnerables.
En articulación con los gobiernos subnacionales, la ANA elaboró 1,645 fichas técnicas referenciales valorizadas en más de S/ 5,685 millones para la gestión de financiamiento en zonas de alto riesgo de inundaciones y huaicos, situadas principalmente en Lima, Puno y Huánuco. La intervención resulta prioritaria al considerar que la franja costera alberga al 65 % de la población peruana pero solo dispone del 1.77 % del agua del país.
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