El deterioro de la seguridad ciudadana se ha consolidado como una de las principales problemáticas del país. Según datos del Ministerio Público, la tasa nacional de denuncias pasó de 2,126 a 3,593 por cada 100 mil habitantes entre 2020 y 2025, registrando incrementos críticos en modalidades delictivas como la extorsión —que casi se multiplicó por diez— y la estafa, que casi se triplicó.
A julio de 2026, la incidencia delictiva se mantiene en niveles elevados, alcanzando 2,082 denuncias por cada 100 mil habitantes, lideradas por regiones como Madre de Dios (3,707) y Lambayeque (3,390). Este escenario coincide con una contracción del gasto público en el sector, donde el presupuesto nacional para orden público y seguridad se redujo un 4% en términos reales durante 2026, fijándose en S/ 17,173 millones.
En el ámbito regional, La Libertad atraviesa una compleja crisis por la convergencia del crimen organizado y economías ilícitas. Entre enero y julio de 2026, la región registró 76 denuncias de extorsión por cada 100 mil habitantes —la segunda tasa más alta del país detrás de Tumbes (116)—, concentrando más del 60% de los casos en los distritos de Trujillo, Chepén y El Porvenir.
A la par, las denuncias por minería ilegal se triplicaron respecto a 2020, alcanzando 19 casos por cada 100 mil habitantes en 2025, cifra que supera ampliamente el promedio nacional (8). Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-SBS) reporta más de 700 operaciones sospechosas vinculadas a esta actividad ilícita en la región desde 2012, movilizando un monto acumulado de S/ 1,313 millones.
De cara a los comicios regionales y municipales de octubre, la atención se centra en la capacidad de respuesta de los gobiernos subnacionales, los cuales sostienen competencias directas en prevención del delito, inversión pública y fiscalización de la pequeña minería y minería artesanal. En ese sentido, analistas señalan que será determinante evaluar si las propuestas de los candidatos regionales incluyen estrategias concretas y viables para articular esfuerzos de contención frente a la criminalidad y el avance de las actividades extractivas informales.
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