La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) determinó que el partido político Perú Libre incurrió en un presunto uso indebido de los recursos del Financiamiento Público Directo al destinar un total de S/ 31,383 para la elaboración e impresión de una publicación de contenido poético.
De acuerdo con el informe de fiscalización difundido por el programa periodístico Punto Final, la partida ejecutada por la agrupación no se adecúa a los fines normativos de formación política, investigación académica ni fortalecimiento institucional exigidos por la legislación electoral vigente.
El proyecto cuestionado se ejecutó en dos fases durante el año 2025. La primera etapa comprendió el desarrollo de un taller de redacción y edición literaria realizado el 4 de mayo de 2025 en el distrito de Breña, por un valor de S/ 14,383, monto que incluyó el pago de S/ 9,200 a un docente por una jornada de siete horas.
La segunda fase correspondió a la impresión del ejemplar por la suma de S/ 17,000. El texto reúne creaciones literarias de militantes de la organización y de familiares del fundador partidario, entre ellos el congresista Waldemar Cerrón y Berta Rojas, madre de Vladimir Cerrón.
Evaluación técnica y antecedentes financieros de la organización
Tras la revisión documental presentadas por la representación legal de Perú Libre, la ONPE concluyó que las actividades de capacitación y la posterior publicación poseen una naturaleza estrictamente artística y literaria. En consecuencia, el órgano electoral determinó que el material no constituye un programa ideológico, propuesta de desarrollo nacional ni plan de gobierno, vulnerando el marco regulatorio sobre el destino de las subvenciones estatales. En los últimos cinco años, la agrupación ha percibido más de S/ 10,700,000 por concepto de fondos públicos.
Paralelamente al proceso de fiscalización administrativa, la situación legal del fundador de la agrupación, Vladimir Cerrón, registró novedades judiciales luego de que el Tribunal Constitucional (TC) ratificara la anulación de la orden de prisión preventiva de 24 meses que pesaba en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el caso Los Dinámicos del Centro.
Asimismo, en 2025, la Corte Suprema de Justicia anuló la condena de tres años y seis meses de prisión impuesta al dirigente por el delito de colusión simple en el marco de las investigaciones del caso Aeródromo Wanka.
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