El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil dispuso que las corporaciones tecnológicas y administradoras de redes sociales tienen como plazo límite el 16 de agosto para consignar sus respectivos planes operativos orientados a los comicios generales de octubre de 2026.
La disposición legal, refrendada por el presidente de la corte electoral, el magistrado Kassio Nunes Marques, y difundida en el Boletín Digital de Justicia, obliga a las firmas del sector a pormenorizar las auditorías y protocolos técnicos dirigidos a neutralizar la propagación de noticias falsas y el empleo malicioso de sistemas de inteligencia artificial (IA). La regulación comprende a los proveedores de conectividad que faciliten la difusión, monetización o recomendación de propaganda político-electoral, abarcando herramientas de IA generativa y servicios de mensajería instantánea con canales de difusión pública.
El marco normativo establece una obligatoriedad general para los operadores que registren más de 5 000 000 de usuarios activos al mes en el territorio de Brasil. No obstante, el organismo electoral mantiene la facultad discrecional de exigir planes simplificados a plataformas de menor escala cuyo impacto sea calificado de significativo para el debate democrático.
Las compañías tecnológicas deben especificar los mecanismos internos para dar cumplimiento inmediato a los mandatos emitidos por el Poder Judicial referentes al retiro de publicaciones, suspensión de perfiles y cese de pautas irregulares, además de las acciones autónomas de moderación contra redes organizadas de comportamiento coordinado y contenidos descontextualizados.
Restricciones aplicadas a la inteligencia artificial y transparencia publicitaria
En lo referente a la inteligencia artificial de carácter generativo, el reglamento técnico exige salvaguardas estrictas que impidan la edición de piezas que promocionen partidos políticos, emitan sugerencias explícitas de sufragio o difundan montajes de índole sexual no consentidos, catalogados como deepfakes, que afecten a los postulantes.
En paralelo, subsiste la obligación de transparentar la publicidad electoral pagada mediante repositorios públicos de anuncios, identificación plena de los financistas y el etiquetado obligatorio de cualquier insumo modificado mediante tecnologías computacionales. Ante contingencias críticas o riesgos a gran escala, las empresas deberán reportar el evento a la presidencia del TSE en un lapso perentorio no mayor a las 72 horas.
Suscripción de convenios y antecedentes en el escenario político
Como parte de la estrategia preventiva, la justicia electoral formalizó convenios de cooperación con consorcios globales del entorno virtual, entre los que destacan Google, Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp y Kwai, orientados a masificar la información oficial de los comicios y agilizar la detección de ilícitos digitales.
Esta fiscalización sobre el entorno informático se intensificó tras el proceso electoral de 2018, que derivó en la elección presidencial de Jair Bolsonaro. Actualmente, el exjefe de Estado cumple una condena de 27 años de privación de la libertad tras determinarse su responsabilidad en la tentativa de golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva luego de las elecciones de 2022, proyectándose ahora el senador Flávio Bolsonaro como la principal figura de la oposición ante la postulación de Lula da Silva para un cuarto periodo presidencial.
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