Artículo de opinión
Diez personas murieron en el incendio de Manzanilla el 22 de julio, cinco de ellas niños. La hipótesis policial, aún no confirmada judicialmente, apuntaría a un ajuste de cuentas por extorsión. Pero la pregunta que importa no es quién prendió el fuego, sino por qué el Estado peruano tardó tres años en mirar hacia donde estaba ardiendo.
Las cifras llevaban tiempo sobre la mesa. Las denuncias por extorsión saltaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024 —un alza de 540%, según el observatorio Indaga del Ministerio de Justicia— y en 2025 superaron las 25.000, de acuerdo con el Ministerio del Interior. A ello se suman los 214 atentados contra el transporte que el Ministerio Público registró en Lima y Callao hasta mayo de 2026, con 152 muertos. Nada de esto fue un secreto. Fue una advertencia que nadie quiso leer.
Tampoco faltaron respuestas y ahí está el problema. Trujillo vive en estado de emergencia desde 2023. Boluarte declaró otro en Lima y Callao en marzo de 2025 y Jerí repitió la fórmula en octubre. La extorsión siguió subiendo. Repetir un instrumento que falló dos veces no es firmeza, es inercia.
La razón de fondo es más incómoda que la falta de decretos. Entre 2020 y julio de 2025 se presentaron más de 85.000 denuncias por extorsión y apenas veinte llegaron a sentencia. Más del 98% terminó archivado. Ninguna pena máxima disuade cuando la probabilidad de castigo es casi cero. Mientras tanto el dinero circula sin obstáculo. La fiscalía calcula que «Los Pulpos de La Victoria» acopiaron 75 millones de soles cobrando cupos en Gamarra, con más de 1.500 víctimas y sospechas de infiltración municipal. Eso no es delincuencia común, sino control territorial financiado por los cupos.
Aquí aparece la tensión que el nuevo gobierno tendrá que resolver. En los últimos dos años el Congreso restringió la colaboración eficaz y redefinió el crimen organizado excluyendo delitos de corrupción. Sus defensores sostienen que corrigieron abusos reales: testimonios premiados filtrados a la prensa y prisiones preventivas construidas sobre delaciones no corroboradas. Sus críticos, entre ellos Human Rights Watch, ven un blindaje. La discusión sobre la intención puede seguir, pero el efecto no está en disputa. Hoy el Estado investiga redes criminales con menos herramientas que hace dos años, y corregir los abusos no obliga a desarmar al investigador.
El 29 de julio, Keiko Fujimori convocará su primer Consejo de Ministros para debatir decretos de urgencia contra la delincuencia. Su contenido aún no se conoce. Propongo un criterio simple para juzgarlos, útil también para quienes comuniquen sus resultados: un decreto no se mide por la rapidez con que se anuncia, sino por el dinero rastreado e incautado, las sentencias efectivas y las redes desarticuladas. Si en seis meses puede mostrar cuánto patrimonio criminal confiscó y cuántas condenas obtuvo, habrá gobernado… si solo muestra cuántas normas publicó, habrá administrado una tragedia.
El gobierno de Fujimori deberá usar el capital político de los primeros cien días para reforzar las fiscalías y la inteligencia financiera. Italia no derrotó a la mafia endureciendo penas, sino cuando empezó a confiscarle el patrimonio. Ecuador intentó militarizar y cerró 2025 con la tasa de homicidios más alta de América Latina.
La lección es antigua y sin especulaciones. La seguridad no se anuncia, se construye. Eso exige paciencia institucional, continuidad presupuestal y disciplina para medir resultados, aunque tarden.
No hay peor ciego que el que no quiere ver. Durante tres años el Estado tuvo las cifras sobre la mesa. Ojalá esta vez las lea antes del próximo incendio.
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