La ausencia de un peritaje técnico exhaustivo por parte de la propia Policía Nacional del Perú en las adquisiciones logísticas abre el debate sobre la transparencia y la calidad operativa del armamento seleccionado.
La adjudicación para proveer más de 31.000 pistolas a la Policía Nacional del Perú (PNP) ha generado severos cuestionamientos respecto a la transparencia y eficiencia en el abastecimiento logístico de las fuerzas de seguridad. Las principales objeciones giran en torno a la idoneidad técnica del armamento seleccionado, la intermediación de una empresa estatal del sector Defensa y las condiciones financieras que contemplan un millonario desembolso por adelantado.
Mientras el debate sobre la seguridad ciudadana exige dotar a la policía de herramientas óptimas, los términos del contrato y el cronograma de entregas han concentrado las críticas de especialistas en la materia.
En declaraciones a la prensa local, el director de La Voz de la Policía, José Palacios, advirtió que las pistolas del modelo Jericho, fabricadas por la firma Israel Weapon Industries (IWI), no se adecúan a las demandas operativas de la institución. De acuerdo con el especialista, dicho equipamiento corresponde a una gama de uso básico diseñada exclusivamente para la defensa personal de civiles y no para el patrullaje o el combate al crimen organizado.
Palacios argumentó que, basándose en la experiencia de la propia fuerza, el Ministerio del Interior (Mininter) debió someter el proceso a un riguroso análisis comparativo entre diversas alternativas de nivel internacional antes de definir la compra del lote actual.
Intermediación innecesaria de FAME y ventajas de la compra directa
Otro de los puntos críticos de la operación es la participación de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) como intermediaria en la transacción. Al tratarse de un lote de armamento que llegará al país completamente ensamblado desde la fábrica de origen, analistas sostienen que no existe justificación técnica ni económica para que la empresa estatal del Ejército intervenga en el proceso.
Palacios enfatizó que el sector Interior debió realizar una negociación directa bajo la modalidad de «Estado a Estado», un mecanismo que habría prescindido de terceros y garantizado mejores condiciones comerciales y de transparencia para el erario público.
Alertas financieras por pago adelantado y falta de claridad en las garantías
El esquema financiero de la adquisición establece el desembolso anticipado de más de $29 millones de dólares por la totalidad del equipamiento, a pesar de que el primer lote de entrega pactado corresponde únicamente a 2.000 unidades. Ante este escenario, especialistas sembraron dudas sobre la existencia de los respaldos financieros institucionales, emplazando al ministro del Interior, José Zapata, a mostrar públicamente la carta fianza de la operación.
Aunque el Mininter emitió un comunicado oficial asegurando que el procedimiento se ajusta al marco legal y cuenta con una garantía solidaria, irrevocable y de ejecución automática, la reticencia a exhibir la documentación mantiene el caso bajo sospecha fiscal.
Desventajas en los plazos de entrega y exclusión técnica de la PNP
Las observaciones de la fiscalización civil también alcanzan al cronograma de distribución del armamento. Según indagaciones del sector, otros fabricantes internacionales ofrecían la entrega inmediata de las 31.000 armas en un plazo máximo de 99 días, en contraste con el proveedor seleccionado, que dosificará los despachos de forma prolongada.
Finalmente, se instó a que la PNP, como usuaria final y exclusiva del material bélico, recupere una participación vinculante en las juntas de evaluación técnica previas a cualquier licitación, evitando que decisiones de alto impacto logístico e institucional se manejen a espaldas de los cuadros periciales de la propia policía.
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