Foto-Redes Roberto Sánchez
La convocatoria coincide con el cambio de mando y busca sentar una postura de protesta frente a los procesos judiciales iniciados contra los dirigentes de la agrupación de izquierda.
El parlamentario y dirigente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció la convocatoria a una jornada de movilizaciones en el ámbito nacional programada para el próximo 28 de julio, fecha que coincide con los actos oficiales de Fiestas Patrias y la transmisión de mando a la presidenta electa, Keiko Fujimori.
En conferencia de prensa, el legislador detalló que la iniciativa busca manifestar respaldo público a los dirigentes de su organización y líderes sociales que afrontan denuncias fiscales derivadas de su participación en protestas previas, señalando que ejercerán la defensa legal y gremial frente a lo que consideran un encauzamiento indebido.
Cuestionamientos normativos y pedido al Gobierno de transición
Durante su pronunciamiento, el representante de las bancadas de izquierda dirigió un requerimiento formal al presidente transitorio, José María Balcázar, exhortándolo a no promulgar la ley de exclusividad de la justicia militar aprobada recientemente por el pleno del Congreso.
Esta norma estipula que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas sean procesados únicamente en el fuero militar-policial cuando incurran en presuntos delitos durante el ejercicio de sus funciones. Sánchez recordó que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó desestimar dicha iniciativa, advirtiendo que el traslado de competencias desde la justicia civil podría generar condiciones de impunidad.
Condiciones de diálogo e impugnaciones ante organismos internacionales
El legislador supeditó cualquier acercamiento institucional con la administración entrante a una agenda parlamentaria específica, exigiendo la derogación de un conjunto de normas penales denominadas ‘leyes procrimen’, la excarcelación del expresidente Pedro Castillo y la conformación de una comisión de la verdad que investigue los fallecimientos ocurridos durante las movilizaciones de 2022 y 2023.
Asimismo, argumentando presuntas irregularidades en el procesamiento del voto en el exterior durante la segunda vuelta electoral, Sánchez confirmó que elevaron una petición de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionando la legitimidad del proceso y el cambio de procedimientos en las fases finales del escrutinio general.
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