Foto-Justicia TV
El juez Juan Cubas Bravo, del Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, evaluó el pedido de la defensa del presidente José María Balcázar para archivar el proceso civil en su contra por presunta apropiación ilícita durante su gestión en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).
Durante la audiencia del juicio oral, el abogado del mandatario, Víctor Pariona, sostuvo que los plazos legales para exigir una indemnización ya vencieron y apeló a la reducción del tiempo del caso por la edad del presidente (83 años). Por su parte, la Fiscalía rechazó el pedido y señaló que el caso sigue vigente.
El abogado de Balcázar indicó que en junio de 2025 ya se archivó la parte penal del caso, por lo que ya no existe riesgo de cárcel. Sin embargo, queda pendiente el pago de una reparación económica a favor de los afectados.
Ante esta situación, Pariona apeló a la reducción de plazos por edad. El abogado argumentó que, al tener su cliente 83 años, la ley reduce a la mitad los plazos para juzgarlo, por lo que el tiempo límite para la reparación económica venció el pasado 12 de junio de 2026 y el caso debe ser archivado.
Además, en caso de no aceptarse el archivo, Pariona solicitó suspender todo el proceso invocando la inmunidad presidencial. “Mi patrocinado quien ostenta actualmente el cargo de presidente de la República no puede ser acusado, no puede ser procesado, no puede ser sometido a ningún juicio oral mientras ejerza el cargo”.
Por su parte, la fiscal Bianca Baique, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Penal de Chiclayo, se opuso a las solicitudes de la defensa y pidió al magistrado Juan Cubas Bravo que el juicio continúe.
La representante del Ministerio Público explicó que el plazo de dos años para la reparación económica inició a mediados de junio de 2025, cuando quedó firme el archivo penal, por lo que vencerá recién en junio de 2027.
Asimismo, la fiscal aclaró que el beneficio de reducir los plazos por ser adulto mayor solo aplica en caso de persecución penal y de la cárcel, pero no funciona en el ámbito civil para evitar el pago de daños y perjuicios.
Además, precisó que la inmunidad presidencial evita que un mandatario sea acusado por delitos penales, pero no lo libra de responder ante demandas de tipo económico.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes, el juez Juan Cubas Bravo informó que se notificaría la resolución a las casillas electrónicas de la Fiscalía, de la defensa legal y del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL) en los próximos días.
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