El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la Ley 1732, disposición normativa que abroga en su totalidad la Ley 1341 de Estados de Excepción, vigente desde octubre de 2020. La medida se implementa en el contexto de una crisis político-social que cumple cuatro semanas de movilizaciones continuas y bloqueos de vías en demanda de la dimisión del mandatario.
Con la publicación de esta norma en la Gaceta Oficial -tras haber sido sancionada por más de dos tercios del Senado y el 66% de la Cámara de Diputados-, el Ejecutivo adquiere facultades ampliadas para decretar regímenes de excepción, suprimiendo los requisitos y condicionantes que limitaban el despliegue y los procedimientos operativos de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios civiles.
Modificaciones al marco legal y supresión de restricciones operativas
La derogada Ley 1341 establecía un régimen estricto de control institucional y rendición de cuentas sobre el uso de la fuerza pública. Entre sus principales disposiciones, estipulaba de forma taxativa que la intervención de las Fuerzas Armadas solo procedía cuando la capacidad operativa de la Policía Boliviana fuese rebasada.
Asimismo, la normativa anterior determinaba explícitamente que ningún miembro de las fuerzas del orden gozaría de inmunidad, exención de responsabilidad penal o figuras de impunidad por las acciones ejecutadas durante las declaratorias de emergencia.
Históricamente, dicha legislación fue estructurada con base en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organismo que investigó los hechos de violencia derivados de la crisis política de 2019 en localidades como Senkata, Sacaba, Huayllani y El Pedregal, los cuales resultaron en el deceso de aproximadamente 37 ciudadanos.
Frente al nuevo panorama jurídico, la administración de Rodrigo Paz, que registra seis meses de gestión institucional, ha manifestado que el estado de excepción representa una vía de última ratio a ejecutarse únicamente en caso de que las mesas de negociación no prosperen.
Al respecto, el jefe de Estado instó al cumplimiento del orden constitucional y advirtió sobre la aplicación de los mecanismos legales vigentes si los sectores movilizados rechazan los canales de diálogo.
Magnitud de las movilizaciones y condicionantes para el diálogo
Las protestas y el corte de rutas vehiculares, originados inicialmente en el departamento de La Paz, son conducidos por una coalición de organizaciones sindicales agrarias, la Central Obrera Boliviana (COB), facciones afines al ex-presidente Evo Morales, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), sectores mineros, los denominados Ponchos Rojos, trabajadores fabriles, maestros y gremios de comerciantes.
Cumplido el primer mes de convocatoria, los reportes oficiales y de monitoreo registran un incremento a 150 puntos de bloqueo de carreteras distribuidos en seis regiones del territorio boliviano.
La plataforma de demandas de las organizaciones sociales se centra en la renuncia del presidente Paz, el rechazo a un eventual programa de privatizaciones y la oposición a las medidas de ajuste fiscal que impactan en los indicadores económicos de los sectores vulnerables.
Por su parte, la dirigencia de la COB condicionó el inicio de un proceso de pacificación y diálogo bilateral con el Gobierno central a dos requerimientos específicos: la liberación inmediata de los ciudadanos detenidos durante los disturbios recientes y el desistimiento judicial de las órdenes de aprehensión dictadas contra el secretario ejecutivo de la central obrera, Mario Argollo, y otros representantes sindicales.
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