La Federación Departamental de Cooperativas Mineras de La Paz (Fedecomin) oficializó la ruptura del diálogo con el Poder Ejecutivo y confirmó su incorporación a las medidas de presión convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) a partir de este miércoles.
Esta determinación se produjo tras una asamblea de presidentes de las cooperativas afiliadas, donde se rechazó la ausencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, en la mesa técnica programada para esta jornada. La dirigencia del sector calificó este hecho como una falta de consideración hacia su institucionalidad, optando por trasladar sus demandas a las calles y carreteras en coordinación con otros sectores sociales.
Fundamentos del quiebre y demandas operativas
El presidente de la Fedecomin de La Paz, Ladislao Prado, manifestó en conferencia de prensa que la presencia de los ministros de Economía, Trabajo y Defensa no fue suficiente para avanzar en la resolución de su pliego petitorio, ya que la invitación oficial garantizaba la participación del mandatario.
Entre los puntos críticos que motivan la protesta se encuentran el desabastecimiento de insumos básicos para la minería, como el material explosivo y el combustible, así como la demora en la liberación de áreas de trabajo y la falta de celeridad en los contratos mineros por adecuación.
Asimismo, el gremio expresó su rechazo a un paquete normativo que incluiría reformas a las leyes de Minería e Hidrocarburos sin haber pasado por un proceso de socialización con los trabajadores afectados.
Impacto de las movilizaciones y postura institucional
A pesar de que el sector reconoce verse perjudicado por el aislamiento logístico que sufren las carreteras del departamento, Prado enfatizó que la movilización es una respuesta necesaria ante la falta de soluciones concretas por parte del Gobierno.
El dirigente subrayó que la decisión de sumarse a los bloqueos de la COB y de la Federación Campesina Túpac Katari no responde a intereses políticos partidarios, sino a una postura de defensa de su sistema productivo. La incorporación de los cooperativistas intensifica el cerco sobre la sede de Gobierno en un contexto de alta tensión social, luego de que expirara el plazo otorgado inicialmente por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras para atender las demandas del sector.
