Actualización presupuestaria dispara el conflicto social por la reducción de fondos en sectores estratégicos.
Una multitudinaria manifestación recorrió las principales calles de Argentina en defensa de la educación pública, marcando la cuarta movilización federal desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Bajo el lema «Milei, cumplí la ley», estudiantes, docentes y trabajadores administrativos colmaron la Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento del financiamiento universitario, en un contexto de creciente tensión por la política de ajuste fiscal que el Ejecutivo aplica para alcanzar el equilibrio financiero.
El núcleo del reclamo radica en la aplicación de una ley que exige la actualización del presupuesto universitario conforme a la inflación. Pese a que el Congreso ratificó la norma tras un veto presidencial inicial, el Gobierno ha judicializado la medida ante la Corte Suprema, argumentando que el gasto comprometido pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Esta parálisis institucional ocurre en paralelo a una reciente modificación presupuestaria que profundizó los recortes en los sectores de salud y educación.
El impacto en la calidad académica y sanitaria
La crisis de financiamiento ha generado consecuencias tangibles en el funcionamiento de las instituciones:
- Fuga de talento: Gremios docentes denuncian una pérdida del 40% en el poder adquisitivo, lo que ha provocado renuncias masivas de investigadores y profesores.
- Paralización de facultades: Centros de estudio como la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA mantienen huelgas prolongadas debido a la falta de fondos operativos.
- Crisis hospitalaria: Los hospitales dependientes de las universidades nacionales advierten un inminente colapso prestacional por la falta de insumos y mantenimiento.
Desde el Ejecutivo, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificó que la prioridad absoluta es el cumplimiento del presupuesto general y el equilibrio fiscal. Si bien el Gobierno reconoce la legitimidad de las demandas salariales, sostiene que la movilización está «fuertemente influenciada por la política», manteniendo firme su postura de no liberar fondos adicionales que no estén contemplados en la planificación financiera del Estado.
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