El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha suspendido temporalmente la vigencia de la Ley de Dosimetría, una normativa que buscaba reducir las sentencias de los implicados en el asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023.
La medida, dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, paraliza los beneficios judiciales que habrían favorecido a figuras de alto perfil, entre ellas el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión.
Conflicto de poderes y seguridad jurídica
La decisión de Moraes responde a la necesidad de garantizar la «seguridad jurídica» mientras el pleno de la corte evalúa la constitucionalidad de la norma. Esta ley había sido promulgada recientemente por el presidente del Congreso, Davi Alcolumbre, tras una votación legislativa que anuló el veto impuesto previamente por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La resolución judicial impide que, por el momento, se apliquen los mecanismos de rebaja de penas contemplados en la nueva legislación.
Argumentos legales contra la Ley de Dosimetría
La controversia central radica en que la ley, aprobada en 2025, introduce criterios que flexibilizan las condenas para delitos cometidos en contextos de multitud o ataques contra el Estado de derecho. Diversas entidades civiles y partidos políticos han impugnado la norma bajo los siguientes puntos críticos:
- Impedimento de acumulación de penas: La ley prohíbe sumar condenas por delitos conexos cometidos en un mismo evento.
- Inconstitucionalidad: Se cuestiona si el Legislativo puede emitir normas que funcionen como amnistías encubiertas para quienes atentaron contra la democracia.
- Control de convencionalidad: Las acciones judiciales sostienen que la norma vulnera principios fundamentales de proporcionalidad y justicia.
Reacciones políticas y situación de los condenados
Mientras el oficialismo ha respaldado la intervención del STF como un ejercicio necesario de frenos y contrapesos, sectores de la oposición critican lo que consideran una injerencia judicial.
Actualmente, el expresidente Bolsonaro permanece bajo prisión domiciliaria por motivos de salud, a la espera de que la máxima instancia judicial emita un fallo definitivo sobre si esta ley respeta o no la Constitución Federal de Brasil. El veredicto final del pleno será determinante para el futuro de los exministros, militares y civiles condenados por los sucesos de Brasilia.
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