Organizaciones gremiales y de derechos humanos en Chile denunciaron una estrategia orientada a otorgar indultos a responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Según la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), los condenados estarían utilizando argumentos de salud y edad avanzada para evadir sus sentencias, lo que constituiría una forma de impunidad bajo apariencia legal.
Maniobras en el Ministerio de Justicia
La controversia se centra en Constanza Garrido, la recientemente nombrada jefa del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Se reportó que Garrido instruyó a los abogados querellantes para que se abstuvieran de apelar fallos judiciales favorables a los reos, bajo el pretexto de razones médicas o de salud mental.
La Asociación de Funcionarios de dicho programa calificó estas directrices como ilegales y arbitrarias, describiéndolas como un sistema de «indultos pasivos» que traiciona la misión institucional de apoyar legalmente a las víctimas.
Condenados beneficiados por la medida
Entre los principales favorecidos por esta omisión de funciones se encuentran figuras clave de la represión estatal:
César Manríquez Bravo: Ex-agente de la DINA condenado por múltiples crímenes en la Operación Colombo.
Héctor Osses: Oficial de Carabineros responsable de homicidios en la población San Gregorio.
Jorge Mandiola: Miembro de la CNI involucrado en la Operación Alfa Carbón.
Vulneración de la justicia y los derechos humanos
La AFEP y otras organizaciones recalcaron que el Programa de Derechos Humanos tiene la responsabilidad inalienable de garantizar la justicia y la reparación social para los familiares de las víctimas de desaparición forzada y ejecución política.
Al renunciar a la apelación de estos beneficios, el Estado chileno estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales y debilitando el estado de derecho frente a violaciones graves de derechos fundamentales.
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