La gobernante encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, formalizó la instalación de una comisión especial destinada a conducir una consulta nacional para la reforma del sistema judicial, con especial énfasis en el ámbito penal.
Durante el acto, Rodríguez reconoció la persistencia de «vicios y desviaciones» en la administración de justicia y en los cuerpos de seguridad ciudadana, señalando que la meta es alcanzar un sistema imparcial que garantice el derecho humano al acceso a la justicia y atienda la deuda histórica con la ciudadanía.
Enfoque en la justicia cotidiana y sectores vulnerables
La iniciativa busca integrar la opinión de la sociedad civil más allá de los círculos académicos, centrándose en lo que la administración denomina «justicia cotidiana». Al respecto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, enfatizó la necesidad de erradicar la «criminalización de la pobreza», argumentando que los ciudadanos sin recursos económicos suelen encontrarse en desventaja procesal frente a quienes poseen medios financieros. Como parte de la estructura operativa, se designó a Larry Devoe en la secretaría de la comisión, funcionario que ha sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones de derechos humanos.
Durante la instalación, se hizo referencia a la labor previa de la comisión especial designada en 2021. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que el proceso de depuración ha resultado en la destitución y detención de jueces y fiscales vinculados al retardo procesal, así como en la identificación de aproximadamente 12,000 efectivos policiales incursos en delitos como corrupción.
Asimismo, destacó el uso de audiencias telemáticas como una herramienta tecnológica clave para agilizar los expedientes judiciales en curso.
Controversia sobre la Ley de Amnistía y cifras de excarcelación
Rodríguez valoró positivamente la implementación de la Ley de Amnistía, indicando que 8,616 personas se han beneficiado del mecanismo orientado a la reconciliación nacional. No obstante, estas cifras contrastan con los reportes de organizaciones no gubernamentales.
El Foro Penal señaló que menos del 25% de las liberaciones registradas este año corresponden efectivamente a dicha ley, mientras que la organización Justicia, Encuentro y Perdón advierte sobre la permanencia de más de 600 presos políticos en el país. En paralelo, el Legislativo ha iniciado el proceso para la renovación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia mediante la conformación del Comité de Postulaciones Judiciales.
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