El Ministerio Público obtuvo una sentencia de nueve años de prisión efectiva contra el ex-alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos (2007-2014), tras demostrarse su responsabilidad en el delito de colusión agravada.
La condena, impulsada por la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, alcanza también a un grupo de ex-regidores, ex-funcionarios y un empresario vinculados a la adquisición irregular de un helicóptero en el año 2013.
Red de corrupción y sentenciados
La justicia impuso la misma pena de nueve años a ocho ex-colaboradores de la gestión de Burgos, entre los que figuran ex-gerentes de finanzas, servicios a la ciudad, seguridad ciudadana y tres regidores (Romer Layme, José Zambrano y Teódulo García).
Asimismo, el empresario Wladimir Abad, proveedor del servicio, fue condenado a un total de 16 años de prisión (nueve por colusión y siete por falsificación de documentos) al determinarse su rol como cómplice primario a través de sus compañías Heli Abad S.A.C. y asociadas.
El esquema del «helicóptero fantasma»
La investigación del fiscal Keeller Cueva Ramos reveló que la municipalidad desembolsó S/ 1,490,108.88 para la compra de una aeronave de seguridad ciudadana. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de irregularidades estratégicas:
- Titularidad privada con fondos públicos: La empresa obtuvo el certificado de aeronavegabilidad a su propio nombre y no al de la municipalidad, manteniendo el control total del bien pese a que este fue pagado íntegramente con recursos del Estado.
- Simulación de supervisión: Funcionarios viajaron a Estados Unidos para la recepción del bien, pero la verificación técnica fue encargada a un especialista vinculado al mismo proveedor, anulando cualquier control independiente.
- Beneficio unilateral: La colusión permitió que el contratista fuera el único beneficiado, manteniendo el dominio de un activo pagado por los contribuyentes.
Perjuicio patrimonial y destino del bien
Debido a la imposibilidad legal de operar la aeronave bajo titularidad municipal y la ausencia de convenios con la Policía Nacional, el helicóptero nunca cumplió su propósito de patrullaje distrital. Finalmente, la unidad tuvo que ser donada a la Aviación Policial.
Con este fallo, la Fiscalía ratifica su compromiso en la persecución de delitos contra la administración pública y la recuperación de la confianza institucional mediante la sanción efectiva de actos de corrupción.
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