Sector 276 a la espera del MEF mientras el Congreso aprueba homologaciones específicas.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), aprobó el pasado miércoles 15 de abril diversos dictámenes enfocados en la reforma judicial, el acceso a la justicia y la nivelación de beneficios laborales.
El acuerdo más destacado es la aprobación del Proyecto de Ley N.° 13886/2025-CR, que busca homologar el Incentivo Único-CAFAE para los servidores administrativos de la Procuraduría General del Estado bajo el régimen 276.
Esta medida surge en un contexto de incertidumbre, ya que, pese a existir una ley de alcance nacional, su implementación depende de un reglamento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que aún presenta demoras significativas.
Avances en la homologación del CAFAE
El dictamen aprobado para la Procuraduría General del Estado establece una escala obligatoria diseñada para que ningún trabajador sufra una reducción en sus ingresos actuales. La propuesta técnica sugiere que la nivelación se realice tomando como referencia el monto más alto dentro de cada categoría remunerativa. Según la comisión, el objetivo es corregir las brechas salariales internas bajo principios de equidad y unidad institucional, incrementando así la presión política para que el Ejecutivo concrete estas mejoras.
Reformas al sistema judicial y carga procesal
En el ámbito normativo, se dio luz verde a la modificación de la Ley 27584, que regula el proceso contencioso administrativo. Esta iniciativa, impulsada por el Poder Judicial, busca limitar la procedencia del recurso de casación para mitigar el colapso de la Corte Suprema.
La reforma pretende agilizar la resolución de expedientes y reducir los retrasos que actualmente afectan los plazos procesales razonables debido al exceso de recursos legales que llegan a la máxima instancia.
Facilitación del acceso a la justicia
Finalmente, el grupo de trabajo aprobó la exoneración de tasas judiciales para procesos no contenciosos específicos del Código Civil. La comisión justificó la viabilidad de la medida debido a su bajo impacto presupuestario y su enfoque focalizado en ciudadanos que requieren autorizaciones judiciales simples. Es importante señalar que, para que estas reformas entren en vigor, los dictámenes deberán ser sometidos a debate y votación en el Pleno del Congreso.
