Juan Charles Alvarado, representante de la empresa, reporta que el último camión despachó a las 5:51 a. m. tras mantener 35 unidades paralizadas por falta de autorización.
La crisis logística de las Elecciones Generales 2026 ha tomado un nuevo giro tras las declaraciones del propietario de la empresa de transportes encargada del material electoral. En una versión que contradice el discurso oficial, el empresario responsabilizó directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por los retrasos del 12 de abril, jornada en la que miles de peruanos se vieron impedidos de votar.
Mientras la Contraloría ya había advertido riesgos operativos, la empresa Galaga S.A.C. sostiene que el cuello de botella no fue el transporte, sino la entrega tardía de la mercadería desde los almacenes del organismo electoral.
Descargo de Galaga S.A.C.: «El material no estaba listo»
Juan Charles Alvarado, fundador de la compañía, rompió su silencio en el programa Punto Final tras haber mantenido una reserva estratégica durante el proceso.
Según Alvarado, la empresa desplegó más de 400 unidades y conductores, pero se enfrentó a la falta de material disponible para carga. Detalló que el despacho se extendió hasta la madrugada del domingo, saliendo el último vehículo a las 5:51 a. m., lo que hizo imposible cumplir con los plazos de instalación de mesas dado que el operativo completo requiere cerca de diez horas de ejecución.
El empresario enfatizó que el área de despacho de la ONPE no entregó la mercancía asignada a tiempo, a pesar de contar con las unidades listas y con escoltas coordinadas. Alvarado asegura haber alertado de esta situación a funcionarios del organismo mediante mensajes directos, reportando incluso que 35 camiones permanecían detenidos a la espera de carga y autorización, un factor que resultó crítico para el desenlace de la jornada.
Versiones encontradas y hallazgos de control
Esta postura choca frontalmente con la del jefe de la ONPE, quien inicialmente atribuyó la responsabilidad exclusiva a la empresa privada. Sin embargo, el cruce de versiones ocurre mientras se confirma que más de 50,000 ciudadanos no pudieron sufragar por falta de material.
Los informes previos de la Contraloría ya señalaban deficiencias en la organización del transporte, pero un análisis interno del propio organismo electoral coincidiría en que el origen del retraso estuvo en las etapas de embalaje y organización previa al despacho.
Acciones legales y defensa técnica
Ante los cuestionamientos sobre su capacidad operativa y la subcontratación de personal, Alvarado defendió la experiencia de su firma y calificó de habitual el uso de planes de contingencia ante la magnitud del servicio.
Actualmente, Galaga S.A.C. ha solicitado formalmente una rectificación pública a la ONPE por las acusaciones en su contra. El caso permanece bajo escrutinio político y administrativo para deslindar responsabilidades en uno de los procesos electorales más accidentados de los últimos años.
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