Foto: La Razón
Francisco Diez Canseco- Presidente de Perú Acción
Presidente del Consejo por La Paz
Artículo de opinión
El Perú no puede ni debe tolerar que su voluntad democrática sea pisoteada. Lo que hemos presenciado en este proceso electoral no es un error ni una casualidad: es una operación deliberada de manipulación que se inicia mucho antes del día de votación y culmina con decisiones abiertamente ilegales.
El primer eslabón de este fraude ha sido la proliferación de encuestas truchas, instrumentos sin rigor técnico difundidos de manera sistemática que construyeron una narrativa falsa para invisibilizar candidaturas y manipular al electorado. A ello se sumó la complicidad de medios de comunicación que traicionaron su deber, actuando como operadores políticos y no como informadores, imponiendo una realidad ficticia al país.
Pero el golpe final lo han dado las propias autoridades electorales. La ONPE no solo ha incurrido en irregularidades: ha ejecutado acciones que vulneran la transparencia del proceso y alteran las condiciones del voto. Esto no es ineficiencia, es una actuación ilegal que compromete gravemente la legitimidad de la elección.
Censurable es la conducta del JNE, que en lugar de poner orden, ha optado por encubrir y validar estas irregularidades e ilegalidades con nuevas ilegalidades: la extensión arbitraria de los plazos para la instalación de mesas, la ampliación del horario de votación y, de manera absolutamente inaceptable, la autorización para votar el día lunes que constituye una violación directa y flagrante del artículo 16 de la Ley Orgánica de Elecciones.
La ley no es un adorno que pueda torcerse a conveniencia: es un límite que no puede ser cruzado sin consecuencias. Cuando las reglas se cambian en pleno proceso, lo que se está haciendo es adulterar la voluntad popular. Se está robando la elección. Y eso no puede ser tolerado por ningún demócrata.
Frente a este atropello, hemos actuado con firmeza. Hemos presentado un recurso ante el JNE exigiendo la anulación de las elecciones. No estamos ante un supuesto de nulidad —que solo procede cuando existen dos tercios de votos blancos y nulos—, sino ante un proceso viciado de origen por graves irregularidades e ilegalidades que lo invalidan en su totalidad y justifican plenamente su anulación.
Al pueblo peruano no se le engaña, no se le manipula y no se le roba su decisión. Se le respeta. Y hoy corresponde decirlo sin rodeos: no aceptaremos que se consolide un proceso electoral ilegítimo e ilegal. Defenderemos la verdad, la ley y la voluntad popular hasta las últimas consecuencias, porque lo que está en juego no es solo una elección, sino la dignidad democrática del Perú.
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