El ex-presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, denunció a través de una carta manuscrita desde el recinto penitenciario de San Pedro ser víctima de «tortura psicológica» y se declaró oficialmente como un «preso político» de la administración de Rodrigo Paz.
Arce, quien cumple detención preventiva desde diciembre de 2025 por presuntas irregularidades en el caso Fondo Indígena durante su gestión como ministro de Economía, sostuvo que su reclusión se produjo mediante un «secuestro al margen de la ley», al no haber existido -según su defensa- una orden de aprehensión ni notificación previa del proceso.
Vulneración de derechos y estado de salud
En la misiva, el ex-mandatario detalló una serie de transgresiones a sus derechos fundamentales y al debido proceso. Resaltó que el sistema judicial ha rechazado sistemáticamente todas las solicitudes de su defensa, incluyendo la petición de someterse a exámenes cardiológicos urgentes, lo que representaría un riesgo crítico para su integridad física.
Asimismo, Arce describió condiciones de habitabilidad deficientes y una exposición mediática forzada mediante la toma constante de fotografías y videos dentro del penal, prácticas que calificó como mecanismos de hostigamiento y presión psicológica.
Denuncia de persecución y «muerte civil»
Arce Catacora interpretó el reciente allanamiento de su domicilio y el avance de las causas judiciales como una estrategia orientada a su «muerte civil y política». El ex-jefe de Estado enfatizó los siguientes puntos en su pronunciamiento:
- Independencia Judicial: Hizo un llamado a organismos internacionales para que vigilen la independencia de jueces y fiscales y garanticen la presunción de inocencia.
- Defensa de Gestión: Rechazó de forma tajante las acusaciones de corrupción, asegurando no haber faltado a la ética ni a la ley durante su mandato.
- Naturaleza del Proceso: Calificó la acción estatal como una «persecución política, mediática e institucional» motivada por la venganza y no por el ejercicio de la justicia.
El documento concluye con una advertencia sobre el deterioro del Estado de Derecho en Bolivia. Mientras la justicia continúa con las investigaciones por el caso Fondo Indígena, el entorno del ex-mandatario insiste en que las medidas cautelares aplicadas son desproporcionadas y responden a una agenda de inhabilitación política de cara a los próximos ciclos electorales.
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