El Gobierno de México cuestionó este jueves el «rigor jurídico» del reciente informe emitido por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), calificando el documento como «tendencioso» y señalando que ignora los avances institucionales de la administración de Claudia Sheinbaum.
A través de un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) rechazaron las conclusiones del organismo internacional, argumentando que no se integraron las observaciones ni el análisis actualizado proporcionado por el Estado mexicano.
El reporte de la ONU posiciona a México como la nación con el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo, alertando sobre un repunte crítico en los últimos meses. Según el comité, el país acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026, lo que representa el 38% del total global. Solo entre septiembre de 2025 y febrero de 2026 se sumaron 40 nuevas solicitudes, cifra que equivale a más de un tercio de los casos mundiales reportados en dicho periodo.
Ante estos datos, el Ejecutivo mexicano sostuvo que el informe se concentra primordialmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, correspondientes a las gestiones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El Gobierno enfatizó que el CED «omite considerar» las medidas implementadas por la actual gestión y lamentó el rechazo a estudiar la información entregada el pasado 27 de marzo, antes de la publicación de la resolución oficial.
La administración federal tildó la decisión del comité de «parcial y sesgada», destacando que el propio informe admite la ausencia de indicios de una política federal para cometer ataques sistemáticos contra la población civil. Para el Gobierno, esta precisión confirma que la situación actual del país difiere de sexenios anteriores, acusando a la ONU de actuar con «ligereza en sus premisas» y falta de profundidad legal.
Finalmente, las autoridades mexicanas denunciaron un presunto «conflicto de interés» entre los redactores del informe, señalando que al menos uno de los integrantes del CED ha colaborado con organizaciones que mantienen quejas activas contra el Estado.
El Gobierno reiteró su postura de cero tolerancia ante las desapariciones forzadas y destacó la actual reforma legislativa e institucional realizada en conjunto con colectivos de familiares, reafirmando su apertura a la cooperación internacional siempre que parta de un diagnóstico que refleje la realidad vigente.
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