El Decreto Ley 114 ha entrado en vigor en Cuba con el objetivo de dinamizar la economía mediante una mayor articulación entre los diversos actores del mercado. Según el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, la normativa regula formalmente las asociaciones entre entidades estatales y formas de gestión no estatal, permitiendo la creación de nuevas modalidades de negocios que integren de manera sistémica al sector privado en el desarrollo nacional.
La integración del sistema empresarial es prioritaria, considerando que el sector privado ha ganado una relevancia considerable en la estructura económica cubana. La normativa busca que ambos sectores operen de forma armónica para evitar discordancias, reconociendo al sector estatal como el eje principal y estratégico, mientras que el no estatal -compuesto por cooperativas y mipymes– mantiene una evolución gradual y autoridad en su gestión mercantil.
Este reordenamiento se alinea con la Constitución de 2019, que fundamenta la economía socialista en la propiedad del pueblo sobre los medios de producción, pero establece la interacción entre distintas formas de propiedad en condiciones de equilibrio. Especialistas coinciden en que la implementación de este decreto responde a la urgencia de actualizar el modelo económico para dotar de mayor autonomía a empresas y municipios.
El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez ha subrayado la necesidad de aplicar transformaciones profundas en el modelo económico y social, vinculando este cambio al redimensionamiento del aparato estatal. En este contexto, se ha hecho un llamado a los gobiernos locales para que asuman la gestión de la inversión extranjera y consoliden las alianzas estratégicas entre el Estado y los nuevos actores económicos.
La puesta en marcha del Decreto Ley 114 representa un paso clave hacia un esquema productivo más eficiente, donde la autonomía municipal y la colaboración público-privada se conviertan en los motores para superar las actuales limitaciones operativas de la isla.
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