Miles de brasileños se movilizaron este domingo, convocados principalmente por el Partido de los Trabajadores (PT), el Frente Brasil Popular, sindicatos y otros movimientos sociales, para manifestar su rechazo a lo que consideran una ofensiva legislativa desde el Congreso Nacional.
La principal exigencia de la protesta es el freno al Proyecto de Ley de Dosimetría, una iniciativa que busca reducir las penas de los condenados por los actos violentos del 8 de enero de 2023 y que, según los manifestantes, podría beneficiar al expresidente Jair Bolsonaro.
Rechazo al proyecto de Ley de Dosimetría
Los organizadores de la protesta aseguran que la aprobación de este proyecto de ley, ocurrida en la madrugada del pasado miércoles en la Cámara de Diputados, representa un ataque directo contra el sistema democrático brasileño.
Bajo el lema «Congreso enemigo del pueblo», las movilizaciones incluyeron caminatas, mítines y actos masivos con la participación de figuras de la música y la cultura nacional. La demanda central es que el proyecto no sea discutido ni aprobado en el Senado, al considerarlo una estrategia para amnistiar a Bolsonaro y a los demás involucrados en la intentona golpista.
El proyecto de ley en cuestión busca impedir la acumulación de penas por los delitos de intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho y de golpe de Estado. Si avanza, se aplicaría solamente la pena más grave imputada a los procesados por la intentona golpista de 2023, eliminando la suma de la pena por el intento de abolición violenta.
Escenario de las protestas
En São Paulo, el acto central se desarrolló frente al Museo de Arte de São Paulo (MASP), en la Avenida Paulista, donde los organizadores desplegaron una pancarta con la inscripción: «Bolsonaro a la cárcel». Los manifestantes ocuparon la avenida para denunciar al Poder Legislativo por priorizar una agenda percibida como alejada de las necesidades sociales urgentes del país.
Estas movilizaciones forman parte de un ciclo reciente de protestas que incluyó la marcha «Mujeres vivas» la semana anterior, donde miles de personas denunciaron el aumento de feminicidios.
Sobre la necesidad de la protesta, Camila Moraes, de la coordinación nacional del Levantamiento Juvenil Popular y secretaria general de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), afirmó que es necesario responder a las iniciativas de la derecha desde las calles. Los participantes exigen que los condenados cumplan las penas que les fueron impuestas por los crímenes cometidos contra la democracia.
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