En un paso significativo hacia la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), el gobierno nacional de Argentina publicó este martes el Decreto 493/2025. Esta medida reemplaza el marco normativo vigente y, por primera vez en casi dos décadas, autoriza la interrupción del suministro de agua por falta de pago. El decreto, difundido en el Boletín Oficial, busca reconfigurar sustancialmente las reglas del servicio de agua y cloacas en el área metropolitana, con el objetivo declarado de atraer inversiones privadas y mejorar la eficiencia operativa de la compañía.
El decreto argumenta que la «estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad», en un contexto de «profunda crisis económica» que impide al Estado continuar subsidiando el sistema.
Cortes por falta de pago y mayores facultades para la concesionaria
Uno de los cambios más relevantes del decreto es la habilitación explícita a AySA para cortar el servicio de agua potable a los usuarios en mora. Las condiciones específicas para esta interrupción se establecerán en el futuro Contrato de Concesión. Además, se otorgan a la empresa «amplias facultades para auditar las obras dentro del Área Regulada», así como la posibilidad de constituir garantías con los ingresos de la concesión para respaldar financiamiento externo.
También se establece un nuevo régimen de relaciones entre los entes reguladores. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y la Agencia de Planificación (APLA) deberán cooperar y podrán ser convocados por la concesionaria o la sindicatura de usuarios ante cuestiones técnicas u operativas que lo justifiquen.
El decreto también crea el Plan Director de Mejora Estratégica, un instrumento técnico que será elaborado por APLA y revisado cada cinco años. Su objetivo es identificar las obras prioritarias para extender el servicio, basándose en criterios de viabilidad técnica y densidad poblacional. Aunque no será vinculante, servirá como guía para la planificación de inversiones por parte de la futura concesionaria.
El decreto presidencial sostiene que «resulta pertinente adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias y garantizar la mejora sostenida en las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales».
Reconfiguración societaria de AySA
Con la modificación del artículo 2° del Decreto 304/2006, se eliminó el carácter intransferible de las acciones del Estado en la sociedad. A partir de ahora, el 90% del capital social de AySA queda en manos del Ministerio de Economía, que tendrá la facultad de enajenar su participación total o parcialmente. El 10% restante pertenece a los empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.
Asimismo, se fijó un plazo de cinco años como período de transición desde la eventual adjudicación al nuevo concesionario. Durante este lapso, se aplicará progresivamente el nuevo régimen regulatorio para evitar desajustes en la ecuación económico-financiera del contrato.
Claves del Decreto 493/2025:
- Se autoriza el corte de suministro por falta de pago.
- AySA podrá usar los ingresos de la concesión como garantía financiera.
- Se reconfigura el capital accionario, permitiendo la privatización parcial o total.
- Se establece la cooperación institucional entre ERAS y APLA.
- Se crea un Plan Director técnico para guiar la expansión del servicio.
- Se eliminan más de diez artículos del marco anterior y se modifican más de cien.
El texto fue firmado por el presidente Javier Milei, en acuerdo general de ministros, y notificado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, tal como lo exige la Ley 26.122.
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