La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, oficializó este lunes el inicio de la adjudicación de viviendas completamente equipadas en favor de más de 240 familias damnificadas por la actividad telúrica registrada el pasado 24 de junio. Durante el anuncio técnico, la jefa de Estado detalló la planificación de la infraestructura residencial para el corto y mediano plazo, estableciendo como meta sectorial la distribución de 4000 inmuebles entre los meses de julio y diciembre del presente ejercicio fiscal.
Para el periodo correspondiente al año 2027, la proyección gubernamental contempla la habilitación integral de una cifra superior a las 10 000 viviendas, cuya infraestructura base provendrá de complejos arquitectónicos y edificaciones previamente inconclusas que serán incorporadas formalmente al inventario público de reconstrucción.
Optimización del suelo urbano y operatividad en refugios temporales
La gestión de las áreas afectadas y el plan de reubicación se ejecutan bajo los siguientes lineamientos institucionales y técnicos:
El Ejecutivo nacional mantiene el despliegue de asistencia técnica en los campamentos transitorios para garantizar condiciones mínimas de habitabilidad mientras se ejecutan las obras definitivas. De forma paralela, el Estado Mayor de Vivienda, en coordinación directa con la Comisión Presidencial de Habilitación, lidera las evaluaciones geotécnicas y los estudios de mecánica de suelos pertinentes. Estas acciones administrativas y técnicas buscan validar la seguridad de los terrenos que albergarán los nuevos proyectos de construcción en los próximos meses.
Reformas legislativas y dinamización del mercado inmobiliario
La estrategia de atención habitacional incluye mecanismos de mercado financiero y modificaciones en el marco normativo vigente para ampliar la oferta disponible:
El Ministerio del Poder Popular para la Economía y el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (SAREN) avanzan en el diseño de protocolos financieros para la adquisición programada de inmuebles dentro del mercado secundario.
Adicionalmente, el Ejecutivo nacional impulsará un proyecto de reforma sobre la Ley de Arrendamiento y Garantías Inmobiliarias. Dicha modificación jurídica tiene como objetivo técnico flexibilizar las condiciones de colocación de inmuebles en el régimen de alquiler, incrementando la oferta habitacional tanto para el universo de damnificados por los sismos como para la población general.
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