El conflicto entre Brasil y Estados Unidos escaló este sábado tras la decisión del Gobierno de Donald Trump de revocar las visas a magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño. Esta medida se produce en un contexto de investigaciones judiciales contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien ahora cumple medidas cautelares.
Bolsonaro, investigado por la Corte Suprema por supuestos actos golpistas, se encuentra recluido en su domicilio desde este sábado. El tribunal dictaminó medidas cautelares que incluyen el uso de una tobillera electrónica, permanencia en casa durante la noche y fines de semana, y la prohibición de usar redes sociales. Estas acciones judiciales responden a gestiones que el expresidente, junto a su hijo y diputado Eduardo Bolsonaro, habría realizado en Washington para presionar a los magistrados que lo juzgan y al propio Brasil.
La revocación de visas se anunció la noche del viernes. El secretario de Estado, Marco Rubio, informó sobre la anulación de los visados del juez Alexandre de Moraes, relator del proceso por golpismo. Rubio declaró que «la caza de brujas política del juez Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan abrumador que no solo viola los derechos básicos de los brasileños, sino que también (…) apunta a los estadounidenses». Añadió que la medida se extendía a «Moraes y sus aliados en el tribunal, así como para sus familiares más cercanos con efecto inmediato».
Esta decisión del gobierno estadounidense se suma a la amenaza previa de aranceles del 50% a Brasil a partir del 1 de agosto si no cesa el proceso penal contra Bolsonaro.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó la medida como «arbitraria e inaceptable». En una nota oficial, afirmó: «Ningún tipo de intimidación o amenaza, de quien quiera que sea, comprometerá la más importante misión de los poderes e instituciones nacionales, que es actuar permanentemente en la defensa y la preservación del Estado Democrático de Derecho». Lula agregó que «la interferencia de un país en el sistema de Justicia de otro es inaceptable y hiere los principios básicos del respeto y la soberanía entre las naciones».
La ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, sostuvo que la decisión estadounidense es una «ofensa a la Justicia brasileña y a la soberanía nacional». Precisó que, además de Alexandre de Moraes, la sanción se extendió a otros siete magistrados del STF: Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Flavio Dino, Cármen Lúcia, Edson Fachin y Gilmar Mendes. Hoffmann aseguró que «esa represalia agresiva y mezquina a una decisión del tribunal expone el nivel degradante de la conspiración de Jair Bolsonaro contra nuestro país».
Búsqueda de apoyo internacional por parte del bolsonarismo
Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores enfrentan acusaciones ante el Supremo por «golpe de Estado», «organización criminal armada», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho», entre otros cargos. Según la Fiscalía General, el complot contra la democracia habría comenzado tras la derrota de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022. La acusación señala que, tras fracasar los planes iniciales, se llegó al asalto a los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023. El tribunal ya ha recibido los alegatos finales de la Fiscalía, y las sentencias se esperan entre septiembre y octubre.
Con Bolsonaro sin acceso a redes sociales, su hijo Eduardo Bolsonaro mantiene actividad en plataformas desde EE. UU., donde, según él, «lucha por justicia para su padre». Este sábado, Eduardo Bolsonaro subrayó el carácter político de la amenaza arancelaria, afirmando: «Trump ha percibido que existe una élite financiera que da soporte al régimen brasileño y que de ahí vino el arancel del 50 por ciento».
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Filipe Barros, anunció que ha denunciado la situación de Bolsonaro ante organismos internacionales y ha solicitado la solidaridad de la derecha mundial, mencionando a partidos como el español Vox y el portugués Chega.