La relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, ha expresado su condena ante la persecución de organizaciones humanitarias en El Salvador. Su declaración surge tras el reciente anuncio de la ONG Cristosal de suspender sus operaciones en el país centroamericano.
«Es inaceptable que la estigmatización, criminalización y persecución sistemática de organizaciones de la sociedad civil genere el cierre de sus actividades como método de protección. Mi solidaridad con Cristosal», publicó Romero en la red social X.
Cristosal había anunciado el cierre de sus operaciones en El Salvador mediante un comunicado y una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala. La organización citó una «escalada represiva» contra activistas por parte del Ejecutivo de Nayib Bukele y la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX) como las razones principales para esta drástica decisión.
Según Cristosal, el «régimen de los hermanos Bukele desmanteló los principios básicos de la democracia», lo que ha llevado a que «El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho» bajo un «estado de excepción permanente y con control casi absoluto de todas las instituciones».
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, manifestó en la conferencia de prensa que la suspensión de operaciones responde a una «situación insostenible del acoso estatal, amenazas directas a nuestro personal y a la criminalización de defensores». La ONG denuncia que en El Salvador, «expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel».
Cristosal considera que la detención de su abogada Ruth López, jefa Anticorrupción de la organización, no es un caso aislado, sino parte de una «estrategia de castigo ejemplar para intimidar». López está detenida desde el 18 de mayo bajo acusación de enriquecimiento ilícito, y su caso ha sido declarado bajo secreto.
La organización, conocida por su acompañamiento a víctimas de violencia de pandillas y atropellos estatales, es una de las voces más críticas del Ejecutivo de Bukele. Ha recabado más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022. Ahora, Cristosal extenderá su labor a Guatemala y Honduras.
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