Decisión de la subcomisión de acusaciones constitucionales.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ha archivado la denuncia constitucional presentada por el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra y seis exministros: Pedro Angulo Aranda, Alberto Otárola Peñaranda, César Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández.
La denuncia atribuía a los implicados la posible comisión de delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, tal como se tipifican en los artículos 108, 121 y 122 del Código Penal.
El congresista José Jerí Oré (SP), a cargo de la investigación, argumentó que tras un análisis exhaustivo de los documentos, descargos y declaraciones, no se encontraron elementos de convicción suficientes para acreditar una conducta típica, antijurídica y culpable atribuible a los denunciados. Jerí Oré precisó que no se identificaron órdenes directas, actuaciones dolosas ni un vínculo causal claro entre las decisiones de los acusados y los resultados lesivos ocurridos durante las protestas iniciadas en 2022.
En consecuencia, ante la insuficiencia de pruebas, se recomendó el archivo de la denuncia. Sin embargo, esta decisión no impide que el Ministerio Público continúe con sus propias investigaciones para establecer responsabilidades individuales conforme a la ley.
Postergada la votación en Caso Tomás Gálvez
Por otro lado, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña Peralta (APP), postergó el debate y la votación del informe final de la Denuncia Constitucional 387. Esta denuncia fue interpuesta por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides contra Tomás Gálvez Villegas, en su calidad de exfiscal supremo titular del Ministerio Público.
A Gálvez Villegas se le acusa de ser presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado por su condición de funcionario público.
La reprogramación de la sesión se debió a que el congresista Luis Aragón Carreño (AP), delegado de esta acusación, se excusó de asistir a la reunión por «asuntos urgentes» en el último día de la semana de representación, solicitando que el debate se realice en la siguiente sesión.
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