El ex-presidente brasileño, Jair Bolsonaro, fue obligado este viernes a usar una tobillera electrónica por orden de la Corte Suprema de Brasil. Esta medida cautelar se impuso en el marco de la investigación sobre el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.
La decisión del ministro Alexandre de Moraes también prohíbe al exmandatario utilizar redes sociales, acercarse a embajadas o diplomáticos y mantener contacto con otros investigados, incluyendo a su hijo Eduardo Bolsonaro.
Durante la operación de este viernes 18 de julio, la Policía Federal confiscó aproximadamente 14 000 dólares en efectivo y otros 8 000 en especie en la residencia de Bolsonaro en Brasilia. Este procedimiento fue autorizado por Moraes y respaldado por la Procuraduría General de la República (PGR), como parte de una ofensiva que también incluyó allanamientos a la sede nacional del Partido Liberal (PL), la organización política que apoya a Bolsonaro.
Según fuentes de la Policía Federal, la operación ejecutó dos órdenes de arresto y varias medidas cautelares, buscando prevenir nuevos intentos de obstrucción a la justicia. Las sospechas centrales contra Bolsonaro incluyen delitos de coerción en el proceso, obstrucción de la justicia y ataque a la soberanía nacional, además de un riesgo latente de fuga, evaluado por los investigadores.
Bolsonaro fue trasladado a la sede de la Administración Penitenciaria de la Policía Federal, donde se le colocó la tobillera electrónica y se le notificó formalmente de las nuevas restricciones. No podrá emitir mensajes públicos ni mantener vínculos con diplomáticos o estructuras estatales extranjeras.
El Cerco Judicial se Estrecha en la recta final de la investigación
El cerco judicial se estrecha a medida que la investigación sobre el intento de golpe entra en su fase final. El pasado lunes 14 de julio, el Fiscal General de la República, Paulo Gonet, presentó los alegatos finales, solicitando la condena de Bolsonaro por cinco delitos, entre ellos golpe de Estado, formación de organización criminal armada y daño a la propiedad federal. La pena podría superar los 40 años de prisión.
Según la Procuraduría, Bolsonaro fue el principal artífice y beneficiario del intento de derrocamiento, al actuar para socavar la confianza en las instituciones públicas y el proceso electoral tras su derrota ante Luiz Inácio Lula da Silva. El juicio, uno de los más esperados en la historia reciente de Brasil, podría comenzar entre finales de agosto y principios de septiembre.
Mientras tanto, el expresidente y su entorno intensifican una campaña por la amnistía, buscando apoyo internacional para presentar los procesos en su contra como persecución política. Esta estrategia ganó visibilidad tras el anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump, quien el 9 de julio impuso un arancel del 50 % a las exportaciones brasileñas, alegando que el Supremo Tribunal estaba restringiendo la libertad de expresión al sancionar a plataformas digitales estadounidenses.
Desde entonces, los simpatizantes de Bolsonaro y sus familiares argumentan que una amnistía es la única vía para que Estados Unidos revierta la medida arancelaria, en un intento de ligar la defensa judicial del exmandatario con la política exterior. Sin embargo, ni el Supremo ni el gobierno actual de Brasil han cedido a esas presiones.
Durante un discurso ofrecido el jueves por la noche, el presidente Lula denunció los intentos de interferencia extranjera como un «chantaje inaceptable» y acusó a los aliados de Bolsonaro de ser «traidores a la patria». «Contamos con un poder judicial independiente», afirmó, dejando claro que el proceso judicial seguirá su curso.
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