Conexión con el escándalo de las pruebas rápidas.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado el inicio del trámite de una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra. Esta acusación se centra en la adquisición masiva de «pruebas rápidas» y una presunta concertación ilícita para beneficiar a empresas particulares mediante compras directas que no habrían cumplido los requisitos.
La denuncia, aprobada con 15 votos a favor y una abstención, también involucra al exministro de Salud, Víctor Zamora, y a la exministra de Economía, María Antonieta Alva. A ellos se les imputa la posible comisión del delito de colusión agravada, por el supuesto uso indebido de recursos del Estado.
Los hechos que originan la acusación habrían ocurrido entre marzo y abril de 2020, en el contexto de la declaratoria de emergencia por la pandemia de COVID-19. Según el informe, las adquisiciones se realizaron a las empresas Nipro Medical Corporation, sucursal Perú, y Mulmedical Supplies S.A., mediante compras directas de más de un millón de pruebas rápidas de diagnóstico serológico. Estas pruebas fueron cuestionadas por organismos rectores e internacionales, que recomendaban el uso de pruebas moleculares.
Se señala a Vizcarra Cornejo como quien habría ordenado a la entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) viabilizar la compra de las pruebas rápidas a través del D.U. 28-2020, por un monto que supera los seis millones de dólares. Esto habría comprometido recursos públicos de manera presuntamente irregular.
Respecto al exministro de Salud, se le acusa de haber concretado el favorecimiento al organizar la aplicación de dichas pruebas y de no haber velado por la seguridad de la salud pública. A la exministra de Economía y Finanzas, se le imputa haber gestionado la apertura de partidas presupuestales. Los indicios sugieren una concertación de voluntades entre altos funcionarios públicos y representantes de las empresas favorecidas para obtener ventajas indebidas en un procedimiento de contratación pública, aprovechando la situación de emergencia sanitaria.
Denuncia contra Fiscal Supremo Declarada Improcedente
Por otro lado, se aprobó el informe de calificación que declara la improcedencia de la denuncia constitucional interpuesta contra el fiscal supremo Luis Arce Córdova. La acusación era por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.
Con una votación mayoritaria de 13 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, se aprobó el archivamiento del caso. La decisión se basó en la falta de argumentos válidos de dolo y en que la denuncia se sustentaba únicamente en la inferencia de un proceso contable incompleto y parcial, sin pruebas contundentes.