El 26 de junio de 2025, Sacha Llorenti, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, destacó que ya son siete los pronunciamientos de instancias internacionales (vinculadas al sistema Interamericano o a Naciones Unidas) que han llamado la atención al Estado ecuatoriano sobre la situación de Jorge Glas. En una entrevista con Radio Pichincha, Llorenti reiteró el llamado a que «las instituciones ecuatorianas hagan cumplir lo que dice la Constitución, las leyes ecuatorianas y las normas del derecho internacional», enfatizando que «Jorge Glas no puede ser un trofeo del presidente Daniel Noboa para que sea expuesto para atender sus demandas políticas internas».
Juristas internacionales del Comité por la Libertad de Jorge Glas han emitido un pronunciamiento técnico de cuatro páginas, centrado en los aspectos jurídicos del caso ‘Reconstrucción de Manabí’, donde se juzga al ex-vicepresidente por el presunto delito de peculado. Según el informe, no se cumplen los requisitos legales para imputar dicho delito.
El documento señala que «Glas no administró recursos públicos, no autorizó pagos ni suscribió contratos». Además, los juristas afirman que no hubo perjuicio económico al Estado ni desvío de fondos, y que las obras ejecutadas (vías, puentes, sistemas de agua potable) beneficiaron directamente a las zonas afectadas por el terremoto de 2016.
Uno de los puntos clave del pronunciamiento es la denuncia de persecución selectiva. El documento subraya que «de más de cien funcionarios que participaron en el proceso de reconstrucción, solo dos han sido procesados penalmente: Jorge Glas y Carlos Bernal. Ningún ministro ejecutor ni contratista ha sido vinculado». Los juristas sostienen que se trata de una «judicialización de decisiones institucionales tomadas en un contexto de emergencia nacional», lo que «sienta un precedente jurídicamente insostenible» al criminalizar la respuesta estatal ante la mayor catástrofe natural del país en la última década.
Los expertos también señalaron que la responsabilidad política no puede confundirse con responsabilidad penal. Argumentan que Glas, al presidir el Comité de Reconstrucción, actuaba dentro de un órgano colegiado cuyas decisiones eran colectivas. «Presidir no implica autoría penal individual, especialmente cuando no se tenían competencias para ordenar gasto o contratar obras», aclaran.
Finalmente, el Comité Internacional exige «la libertad inmediata y el cese de esta persecución judicial con fines políticos«, además de exhortar a los tribunales ecuatorianos a «salvaguardar el respeto irrestricto al debido proceso».
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