El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria rechazó el pedido de la presidenta Dina Boluarte para anular las diligencias que realizó la Fiscalía en su contra que culminaron con una denuncia constitucional ante el Congreso por la desactivación del Equipo Especial Policial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). En consecuencia, el Ministerio Público continuará las investigaciones por el presunto delito de encubrimiento personal.
El despacho del juez Juan Carlos Checkley convalidó las pruebas que presentó la Fiscalía ante el Parlamento en noviembre del 2024. La jefa de Estado intentó anular las declaraciones de testigos brindados al Ministerio Público, incluidos los testimonios de los agentes ‘Carlos’ y ‘Rene’ y el exmiembro de la PNP, Harvey Colchado y Walter Lozano.
La defensa legal de la presidenta, representada por el abogado Juan Carlos Portugal, sostuvo que se realizó una vulneró el derecho a la motivación, a la defensa e igualdad de partes, debido a que no se habría permitido su participación en las diligencias fiscales en contra de su patrocinada.
Sin embargo, el juez supremo, Juan Carlos Checkley, consideró que las pruebas obtenidas por el Ministerio Público están sujetas a la ley y no hubo una vulneración de derechos, como señala la mandataria. La Fiscalía tomó las declaraciones de los miembros de la PNP en secreto debido a que, según indica la constitución, Dina Boluarte es la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y PNP, por lo que podría haber tomado algún tipo de represalias.
«Declarar infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa de la investigada Dina Ercilia Boluarte Zegarra contra el Ministerio Público, respecto al proceso seguido en la Carpeta Fiscal N°153-2024», se lee en la resolución.
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