Marchas masivas en todo el país en reclamo de la emergencia en Discapacidad: señalan vaciamiento en el sector
Organizaciones, familiares y personas con discapacidad se movilizaron en decenas de ciudades de todo el país para reclamar por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se votará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados.
Entre las principales consignas, denuncian la quita de Pensiones No Contributivas, falta de cobertura prestacional y medicamentos e incumplimiento del cupo laboral del 4%. Además, prestadores de servicios apuntan a deudas del Estado y a la falta de actualización de sus honorarios.
En el marco de un recorte presupuestario, las personas con discapacidad y los tutores que se movilizaron señalan que incumplimientos de la ley 24.901, sancionada en 1997 y que establece un sistema de prestaciones básicas para rehabilitación integral, y la ley 27.044, sancionada en 2014 y que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Argentina.
“Venimos hace mucho tiempo arrastrando un déficit, pero es la primera vez en 23 años que nos vimos en la necesidad de suspender las actividades, porque la situación se está haciendo totalmente insostenible. Hoy, hay un 73% debajo de lo que es la inflación. Los profesionales de apoyo están cobrando 307.000 pesos por trabajar cinco días a la semana por cuatro o cinco horas diarias”, señaló para la Nación Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), que representa a 200.000 menores de edad con discapacidad.
Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad
Las movilizaciones iniciaron por la mañana y se extendieron en la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén, Tucumán, Catamarca, Misiones, Mendoza, San Juan, Río Negro, San Luis y Santa Fe. Su reclamo buscó expresar su apoyo a la declaración de emergencia en discapacidad, que se debatirá el próximo miércoles 4 de junio desde las 12 horas en la Cámara de Diputados.
La iniciativa fue respaldada por 13 diputados de cuatro bloques distintos: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica. A ellos se le sumaría el apoyo del Frente de Izquierda. Si todos los miembros de las bancadas se encuentran presentes, la oposición superaría la mitad del recinto.
La emergencia establece la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios (transportistas, acompañantes terapéuticos, hogares) y los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023. A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.
La Agencia Nacional de Discapacidad rechaza la emergencia en discapacidad
Minutos después de conocerse el respaldo mayoritario de la oposición legislativa a la emergencia en discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) emitió un comunicado en donde «manifiesta su enérgico rechazo al proyecto» al entenderla como «una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión».
La ANDIS interpreta que «la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social».
En el documento, critican la última gestión por el deterioro del poder adquisitivo de las pensiones, «en cambio, este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan». «Es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los ámbitos de la sociedad», concluye ANDIS.
Fuente: Agencia Nodal | Ámbito
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