El proceso admitido por el JNE involucra directamente a Renzo Reggiardo y Fabiola Morales
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha iniciado un proceso de vacancia contra 21 regidores del Concejo Metropolitano de Lima, incluyendo a Renzo Reggiardo y Fabiola Morales. Se les acusa de presuntamente exceder sus funciones al autorizar un millonario contrato para el traslado de trenes desde Estados Unidos a Lima.
Este procedimiento surge a raíz de una solicitud de Carlos Francisco Hinostroza, un abogado y residente de Villa María del Triunfo (VMT). Hinostroza denunció que los regidores aprobaron irregularmente una contratación directa con la empresa estadounidense Caltrain por un valor superior a los US$ 24 millones, para la adquisición de locomotoras, vagones y servicios logísticos. Según el denunciante, los regidores no tenían la facultad legal para avalar una transacción de tal magnitud.
Como parte del proceso, el JNE ha remitido la solicitud de vacancia al Concejo Municipal de Lima. Este deberá convocar a una sesión extraordinaria para pronunciarse sobre las acusaciones. Además, el tribunal electoral ha ordenado que se notifique oficialmente a los regidores implicados.
El fundamento legal para este procedimiento se encuentra en la Ley Orgánica de Municipalidades. Específicamente, se citan el numeral 9 del artículo 22, que establece restricciones sobre contrataciones, y los artículos 63 y el segundo párrafo del artículo 11, que limitan las atribuciones administrativas y de gestión ejecutiva de los regidores.
Hinostroza argumenta que «los regidores no están facultados para realizar contrataciones directas ni para asumir responsabilidades que competen exclusivamente a los órganos ejecutivos de la municipalidad». Además, sostiene que el acuerdo aprobado vulnera principios fundamentales de legalidad y control del gasto público.
Entre los regidores afectados por la solicitud, además de Reggiardo y Morales, se encuentran figuras como Miguel Ciccia, Efraín Aguilar, Giuliana Calambrogio y María José Marcet. Aunque el JNE también ha señalado la necesidad de verificar la legitimidad de la residencia del denunciante en la jurisdicción de los regidores, esto no ha impedido la admisión del caso.
Mientras el proceso avanza, los regidores deberán presentar su defensa y el Concejo de Lima tendrá la responsabilidad de decidir si corresponde la vacancia por la supuesta infracción a la normativa municipal.
