Investigación fiscal cerca al premier Arana en medio de crisis de gobierno
En un intento desesperado por mantener a flote un gobierno tambaleante, la presidenta Dina Boluarte formalizó la salida de tres ministros clave, incluyendo las carteras de Economía, Transportes e Interior, para luego presenciar la renuncia de su entonces premier, Gustavo Adrianzén.
Su salida fue la culminación de una intensa presión política, desatada tanto por su polémica defensa inicial del secuestro y trágico desenlace de los mineros en Pataz, como por el sostenido rechazo de las fuerzas políticas en el Congreso.
En este escenario de profunda crisis e incertidumbre, la llegada de Eduardo Arana a la Presidencia del Consejo de Ministros no trajo consigo la esperada calma. Por el contrario, su gabinete hereda un pesado lastre: once de sus integrantes están siendo investigados por el Ministerio Público en un total de 26 casos fiscales que abarcan una alarmante variedad de presuntos delitos.
Desde actos de corrupción como la colusión y el peculado, hasta infracciones contra la administración pública como el abuso de autoridad y el tráfico de influencias, el panorama judicial que enfrentan estos ministros plantea serias dudas sobre la ética y la transparencia del nuevo Ejecutivo, en un momento crítico de alta desconfianza por parte de la ciudadanía.
¿Quiénes son los once ministros bajo investigación y qué oscuros episodios se les atribuyen?
Eduardo Arana (Presidente del Consejo de Ministros): Su liderazgo comienza bajo la sombra de una investigación por tráfico de influencias agravado en el emblemático caso de corrupción judicial conocido como «Los Cuellos Blancos del Puerto», donde sus comunicaciones con el ex-juez Walter Ríos son objeto de escrutinio.
César Vásquez (Ministro de Salud): Cuatro investigaciones fiscales en curso ensombrecen su gestión, vinculadas a su desempeño previo en la administración pública y que incluyen presuntos actos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como posibles omisiones en sus funciones.
Desilú León (Ministra de Comercio Exterior y Turismo): La titular de este importante sector acumula siete investigaciones por presuntos delitos que van desde el peculado y el abuso de autoridad hasta la negociación incompatible, todas ellas relacionadas con su trayectoria en cargos públicos anteriores.
Durich Whittembury (Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento): Dos investigaciones activas complican su gestión, una por presunto cohecho pasivo propio y otra por tráfico de influencias, ambas derivadas de posibles irregularidades en procesos administrativos.
Leslie Urteaga (Ministra de Desarrollo e Inclusión Social): Tres investigaciones por colusión, discriminación y negociación incompatible cuestionan su idoneidad para liderar políticas sociales.
Juan Alcántara (Ministro de Justicia y Derechos Humanos): Su declaración jurada revela una investigación por negociación incompatible, sembrando dudas sobre su capacidad para garantizar la legalidad y la justicia.
Carlos Malaver (Ministro del Interior): A cargo de la seguridad ciudadana, enfrenta una investigación por lesiones leves, un antecedente que se suma a las críticas por su desempeño previo como jefe policial en el norte del país.
Walter Astudillo (Ministro de Defensa): La defensa nacional está en manos de un ministro investigado por peculado, además de otro proceso por daño simple y lesiones graves.
Raúl Pérez Reyes (Ministro de Economía y Finanzas): La conducción económica del país recae en un ministro bajo investigación por presunto abuso de autoridad.
Morgan Quero (Ministro de Educación): Su gestión en la educación se ve empañada por tres investigaciones declaradas por discriminación y extorsión, a las que se suma una cuarta investigación por cohecho pasivo propio que figura en registros fiscales.
Daniel Maurate (Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo): Su pasado en la función pública lo vincula a una investigación vigente por presunto delito contra la fe pública.
El peso de la investigación fiscal en la legitimidad del gobierno
Ser objeto de una investigación fiscal por parte del Ministerio Público implica la existencia de indicios que sugieren la posible comisión de un delito, lo que requiere una exhaustiva indagación.
Si bien no establece culpabilidad de manera automática, la presencia de once ministros en esta situación proyecta una imagen de fragilidad ética sobre el gobierno de Eduardo Arana. A diferencia de las limitaciones constitucionales para acusar al presidente en funciones, los ministros pueden ser investigados penalmente durante su mandato, y la gravedad de los delitos imputados podría desencadenar acciones legales, presiones políticas e incluso la necesidad de nuevas renuncias.
En un país marcado por la desconfianza en sus instituciones, la proliferación de investigaciones contra el círculo más cercano del poder ejecutivo mina aún más la legitimidad del gobierno y dificulta la necesaria estabilidad para abordar los urgentes problemas que enfrenta la nación peruana.
