A una sola voz, los congresistas miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se pronunciaron a favor de que se investigue al exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, por la adquisición y distribución de mascarillas de tela de algodón que no favorecieron a la contención de pandemia por el Covid-19.
Así lo hicieron saber al rechzar -con 13 votos- el informe final que recomendaba el archivamiento de la denuncia constitucional 193 (ex 398) presentada por la Fiscalía de la Nación. El pronunciamiento de la Subcomisión de Acusaciones será remitido a la Comisión Permanente.
Fue el congresista Alejandro Muñante Barrios (RP), en su condición de delegado, el encargado de exponer el contenido de la denuncia contra el exministro Zamora por presunta infracción del artículo 126 de la Constitución.
También se le acusa por la presunta comisión de los delitos de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, abuso de autoridad condicionado ilegalmente a la entrega de bienes y servicios, omisión de actos funcionales, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y falsificación de documentos, tipificados en los artículos 289, 376 A, 377, 399 y 427 del Código Penal, respectivamente, en agravio del Estado.
“En virtud al análisis realizado, se concluye que no están probados los delitos que se imputan al denunciado Víctor Zamora Mesía, ex ministro de Salud, recomendando el archivo de la presente denuncia”, dijo el legislador, tras lo cual desató comentarios en contra.
“¿Y por qué no le damos una medalla al exministro Zamora?” preguntó, con ironía, el congresista Ernesto Bustamante (FP) al tiempo de recordar que fue el denunciado quien autorizó el uso de mascarillas simples que no evitaban la propagación de los contagios.
«La contención es la mascarilla y si no tiene agentes filtrantes entonces no tiene efecto” agregó el legislador al tiempo de sugerir que el Poder Judicial establezca si hubo o no dolo.
Su colega de bancada, Martha Moyano, reveló que el Grupo Tecnología Textil donó 30 mil mascarillas antifluido para el personal del Ministerio de Salud. “Hay cargos de recepción de esta donación y la carta va dirigida al ministro de Salud. El ministro era el llamado directo para enfrentar la pandemia”, agregó.
“Es una vergüenza nacional que se pretenda archivar la denuncia. El exministro no hacía caso a la Contraloría y prefirió comprar antes que recibir las donaciones”, replicó la congresista Mary Acuña Peralta (APP).
EXCONGRESISTA CASTRO BRAVO
Antes, se rechazó-con 9 votos- el informe final sustentado por el congresista Waldemar Cerrón (PL) que recomendaba el archivamiento de la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, por parte del ex congresista de la República Jorge Castro Bravo, contenido en la denuncia constitucional 189 (ex 373).
Explicó que al excongresista, Jorge Castro Bravo, se le imputa haber obligado a sus trabajadores de su entonces despacho parlamentario a entregar parte de sus remuneraciones -llámese “diezmos”, “aporte” o “bolsas”- para solventar los gastos de su local de representación en la ciudad de Tacna, entre otros conceptos.
Este hecho se dio a conocer el 28 de abril de 2019 en un programa periodístico dominical.
A pesar que el congresista Cerrón dijo que en el caso del exlegislador Castro solamente existen testimonios de extrabajadores pero no existe algún voucher de depósito de dinero, lo cual ameritaría el archivamiento de la denuncia, sus colegas de la subcomisión rechazaron sus argumentos, aunque sí aceptaron archivar la denuncia por violación de la correspondencia.
AL ARCHIVO
En otro momento de la sesión, los congresistas de la Subcomisión de Acusaciones votaron a favor -13 votos- el informe de calificación que declara improcedente la denuncia constitucional 004, formulada por el ciudadano Alfredo Melitón Astucuri Rojas, contra el hoy exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas, por la presunta comisión del delito de nombramiento o aceptación indebida del cargo, tipificado en el artículo 381 del Código Penal.
Enseguida, con 14 votos fue aprobado el informe de calificación que declara improcedente la denuncia constitucional 018, formulada por el ciudadano Ghino Alarcón Núñez, contra el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, por la presunta comisión del delito de nombramiento o aceptación Indebida de cargo, tipificado en el artículo 381 del Código Penal.
En ambos casos la improcedencia se sustenta en que no hay afectación directa o inmediata al denunciante. Por lo tanto, no cumple con los requisitos formales de admisibilidad y procedibilidad conforme lo establece el Reglamento del Congreso de la República.
AUDIENCIA
En la sesión prosiguió la audiencia respecto de la denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Manuel Merino De Lama; el expresidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Araoz Esparza y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, como presuntos autores, por omisión impropia, del delito de homicidio, en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado.
Participaron con sus testimonios los ministros de Estado que fueron nombrados antes de las movilizaciones de protesta realizadas en Lima entre el 10 y 14 de noviembre del 2020.
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