Tras ser liberado en 2023, Rodríguez Díaz escapó el día de la denuncia de Boluarte contra el Ministerio Público
El presunto autor intelectual de la sanguinaria masacre de 13 trabajadores mineros en la provincia aurífera de Pataz, región La Libertad, Miguel Rodríguez Díaz, conocido en el submundo criminal como ‘Cuchillo’, emprendió su huida del territorio peruano este lunes con destino a Colombia.
La información de su registro migratorio, difundida por Canal N, revela una fuga que se produjo apenas unas horas después de la enérgica denuncia pública de la presidenta Dina Boluarte. La jefa de Estado no dudó en señalar a ‘Cuchillo’ como el principal sospechoso del horrendo crimen, al tiempo que criticó vehementemente su previa captura por la Policía Nacional en 2023 y su posterior liberación por una decisión que emanó del Ministerio Público.
Los movimientos migratorios de Rodríguez Díaz evidencian una familiaridad con el vecino país del norte, registrando ingresos a Colombia el 5 de enero y el 3 de febrero del presente año. Anteriormente, el 25 de octubre de 2024, había cruzado la frontera hacia Chile, lo que sugiere una red de contactos y posibles rutas de escape ya establecidas.
En una firme rueda de prensa, la presidenta Boluarte no ocultó su indignación ante la actuación del sistema fiscal. “Por las informaciones que nos llegan, probablemente quien haya liderado este brutal asesinato es el denominado delincuente ‘Cuchillo’, capturado por nuestra Policía y puesto en libertad por el Ministerio Público”, aseveró la mandataria, poniendo en tela de juicio la eficacia de la cadena de justicia.
Con un tono de frustración, Boluarte cuestionó: “¿En qué quedamos? (…) Capturamos a los delincuentes, los ponemos a disposición del Ministerio Público y ellos los liberan (…) Decir esto con las letras que corresponden no es lavarnos las manos. Sencillamente, estamos poniendo en evidencia dónde está la responsabilidad. Nosotros estamos actuando”.
La identificación de ‘Cuchillo’ como el principal implicado en la masacre no surgió únicamente de las investigaciones posteriores. Incluso antes de que se confirmara la magnitud del crimen en la compañía minera Poderosa, un compañero de las víctimas ya había alertado sobre su participación. “Los que tienen a nuestros muchachos es un delincuente apodado ‘Cuchillo’ y los tienen en la mina de un tal ‘Galindo’. (…) Estamos negociando, pero los delincuentes no quieren saber nada. Que la Policía tenga conocimiento de esto y vayan a rescatarlos”, manifestó desesperadamente el trabajador.
El prontuario de ‘Cuchillo’ lo describe como un actor clave dentro de las intrincadas estructuras delictivas que operan en la volátil región de Pataz, epicentro de una cruenta disputa por el control de la minería ilegal que ha dejado un saldo de 39 asesinatos desde agosto de 2023. Su nombre resuena en expedientes vinculados a homicidios, sicariato, posesión ilegal de armamento de grueso calibre, uso de explosivos y actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, pintando un perfil de alta peligrosidad.
La Unidad de Investigación de la televisora corroboró que su historial delictivo no es reciente. En 2014, Miguel Rodríguez Díaz fue sentenciado a seis años de prisión por tenencia ilegal de armas de fuego, un antecedente que debió haber alertado a las autoridades sobre su peligrosidad.
Su influencia se extendió al vincularse con Josué Blas Lezama, alias ‘Gato Cote’, quien lideró la temida organización criminal ‘La Nueva Alianza’, una de las agrupaciones más sanguinarias que azotan las zonas mineras de La Libertad. Tras el asesinato de ‘Gato Cote’ en Colombia en octubre del año pasado, las investigaciones apuntan a que ‘Cuchillo’ habría ascendido para tomar el mando de esta organización, consolidando su poder en la región.
La ya tensa guerra por el control del oro en Pataz se intensificó con el enfrentamiento entre ‘La Nueva Alianza’ y su rival, los ‘Pulpos Nueva Generación’, una banda liderada por el secuestrador Johnson Cruz Torres, por cuya captura la Policía Nacional ofrece una recompensa de medio millón de soles.
El oscuro historial de ‘Cuchillo’ ya lo había conectado con la matanza de nueve trabajadores en una mina de la compañía Poderosa en diciembre de 2023, el mismo yacimiento que fue blanco del reciente ataque. Un mes después de ese primer incidente, fue detenido en Casma (Áncash) en compañía de otros dos individuos, portando una granada de guerra y un arma de fuego. Sin embargo, inexplicablemente, fue puesto en libertad. Según la información recabada por Canal N, este caso no figura en los registros a nivel fiscal, lo que profundiza las interrogantes sobre la actuación del sistema de justicia.
Además de las investigaciones en curso por la reciente masacre, Rodríguez Díaz enfrenta otros procesos fiscales por delitos graves como extorsión y fabricación y suministro de explosivos. Se le sindica también como el presunto responsable de la muerte de cuatro personas en la mina El Río el 4 de noviembre de 2024.
A pesar de este sombrío historial y las múltiples acusaciones, ‘Cuchillo’ permanecía en libertad, generando una profunda preocupación en la población y las autoridades. Ante esta situación, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial de La Libertad ha activado una comisión para investigar si algún órgano judicial de Pataz incurrió en negligencia o tuvo responsabilidad en su inexplicable liberación.
Las motivaciones detrás de la reciente masacre comienzan a esclarecerse gracias al testimonio de un colaborador eficaz ante la Fiscalía. Según la información difundida por Canal N, el brutal ataque estaría directamente vinculado a un enfrentamiento armado ocurrido el 25 de abril entre el personal de seguridad de la empresa R&R y un grupo de ‘parqueros’ liderado precisamente por ‘Cuchillo’.
El objetivo de este grupo, según el colaborador, era “tomar control del nivel 2520 del socavón”. El violento enfrentamiento habría dejado un saldo de cinco miembros del grupo rival fallecidos. Ante la inminente amenaza de un nuevo ataque, algunos trabajadores optaron por abandonar la zona de peligro, mientras que otros fueron reubicados en áreas de mayor vulnerabilidad, específicamente el nivel 2300, por orden de un sujeto identificado como alias ‘Técnico’.
El testimonio del colaborador citado por la televisora revela la escalofriante lógica detrás del secuestro de los trabajadores. “En este tipo de confrontaciones es común que los capturados sean ejecutados o usados como rehenes para negociaciones entre los cabecillas, lo que no se habría concretado en esta oportunidad”, concluyó, dejando entrever un escenario de extrema violencia y la posible frustración de las demandas de los criminales, lo que habría desencadenado la fatal masacre.
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