Por dictamen que favoreció a cinco legisladores que son, a la vez, pensionistas de las FF.AA. y PNP
La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra 11 congresistas que forman parte de la Comisión de Defensa del Parlamento, por la aprobación de un dictamen que favoreció a cinco legisladores que son, al mismo tiempo, pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
A través de su cuenta de X, la entidad informó que la denuncia constitucional fue presentada a través de su Área de Enriquecimiento y Denuncias Constitucionales.
Los parlamentarios comprendidos en la denuncia son José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín, Hamlet Echevarría, Américo Gonza, Patricia Juárez, Juan Carlos Lizarzaburu, Edwin Martínez y Lucinda Vásquez.
Ellos fueron integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el período anual de sesiones 2021-2022. Cabe señalar que varios de ellos todavía forman parte de dicho grupo de trabajo.
De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de la Nación, se les ha denunciado en calidad de presuntos autores del delito de negociación incompatible, en agravio del Estado.
Se indica que a dichos legisladores se les atribuye “haberse interesado indebidamente y directamente en la aprobación del dictamen recaído en el Proyecto de Ley N.° 319/2021-CR, con su texto sustitutorio”, que favoreció a José Williams, Jorge Montoya, Roberto Chiabra, José Cueto y Alfredo Azurín.
El texto agrega que, con su aprobación, los cinco parlamentarios pudieron acceder a la percepción de sueldo y pensión de forma simultánea, sin ninguna restricción ni límite del monto total, debido a su doble condición de funcionarios públicos en cargos de elección popular (congresistas) y pensionistas de las Fuerzas Armadas, en el caso de los cuatro primeros; y de la Policía Nacional, en el caso de Azurín.
El dictamen señalado fue aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de abril de 2022 y se publicó en el Diario Oficial El Peruano el 14 de mayo de ese año como Ley 31473, Ley que regula la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
Reaccionan a denuncia constitucional
Al respecto, el congresista José Cueto (Renovación Popular) sostuvo que el dictamen aprobado tuvo como finalidad garantizar el derecho constitucional a la pensión y al trabajo que tiene todo peruano, incluyendo a pensionistas de la PNP y FFAA, y afirmó que no se arrepiente de su aprobación.
Asimismo, consideró que la denuncia será archivada «por inconstitucional e ilegal» y señaló que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, está vulnerando el artículo 93 de la Constitución Política, el cual indica que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo.
Por su parte, la legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) afirmó que existe «un ánimo de la Fiscalía en seguir persiguiendo a políticos» y sostuvo que trabajará en la presentación de una denuncia contra su titular, por transgredir el señalado artículo de la Carta Magna.
Con relación al dictamen, descartó que haya habido alguna negociación incompatible e indicó que este se basó en una sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que podía haber una doble percepción por parte de un servidor público en este tipo de casos, por ser la pensión «un ahorro que realiza la persona, en este caso los militares, y que tiene una naturaleza distinta a la remuneración por parte del Estado».
Fuente: Agencia Andina
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