Titular de la PCM sostuvo que documento será considerado en la Política General de Gobierno.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, destacó el compromiso del Ejecutivo para implementar la agenda contra la corrupción y elaborada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, cuya sesión extraordinaria se llevó a cabo en el salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno.
«Desde la PCM nos complace presentar esta agenda que ha sido aprobado por esta comisión y que va a alimentar la Política General de Gobierno. Porque más allá de las distintas opiniones sobre políticas públicas, ha quedado reafirmado el compromiso del Ejecutivo, expresado en las palabras de la presidenta Dina Boluarte, para implementar esta agenda anticorrupción», indicó el jefe del Gabinete Ministerial.
En otro momento, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó que el documento elaborado por el grupo de trabajo afianzará el discurso que brindará para solicitar la confianza del Congreso de la República.
«La reunión ha obtenido un resultado concreto que nos permite afianzar el discurso central anticorrupción, que tendrá también nuestra solicitud de confianza ante el Congreso, y trabajar con quienes conocen esta lucha para emprender el camino de la meritocracia, la idoneidad y la recuperación del Estado para todos los peruanos», aseguró Otárola Peñaranda.
Asimismo, el premier resaltó las muestras que ha dado el Gobierno para combatir la corrupción, como la reorganización del Despacho Presidencial o la decisión de dejar sin efecto el nombramiento de prefectos y subprefectos a nivel nacional, a fin de buscar gente idónea que ayude a consolidar el Estado constitucional en todo el país. «La presidenta Boluarte ha dicho que no habrá más gabinetes en la sombra y que los ministros serán los portavoces de las políticas públicas sectoriales”, concluyó.
La CAN está integrada por las máximas autoridades del Congreso de la República, el Poder Judicial, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, del Ministerio Público, de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, de la Asociación de Municipalidades del Perú y del Acuerdo Nacional.
También cuenta con la participación de 15 miembros observadores, representantes de instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.
Fuente: Agencia Andina
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