Participaron Francisco Sagasti y Vicente Zeballos
La Comisión de Fiscalización y Contraloría recibió esta mañana el testimonio del expresidente de la República, Francisco Sagasti, y del extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Vicente Zeballlos Salinas, en el marco de las investigaciones por los hechos relacionados o ligados, directa o indirectamente a la pandemia COVID-19 y la emergencia sanitaria nacional, desde la entrada en vigencia hasta el 26 de julio de 2022.
En primera instancia se presentó, ante el grupo que preside Héctor Ventura Ángel (FP), Francisco Sagasti quién señaló que durante su Gobierno de transición se hizo todo lo posible para conseguir la cantidad de dosis de vacunas disponibles para que lleguen a la población de manera gratuita y sin discriminación alguna.
Ventura Ángel pidió que Sagasti explique su participación en el marco de las negociaciones para la adquisición de vacunas, a lo que el también exparlamentario respondió que su función era de orientación general, de dar los lineamientos y política para enfrentar situaciones complicadas. No obstante, precisó, que eran los ministros respectivos como el MEF y el equipo de asesores técnicos los que se encargaban de dar el asesoramiento legal y administrativo que correspondía.
El titular de la comisión también solicitó se precise qué acciones tomaron respecto a los funcionarios que se beneficiaron de manera irregular con la vacunación, a lo que Sagasti respondió que para ello se conformó una comisión investigadora para el proceso de vacunación irregular. Agregó que dicho informe fue dado a conocer de manera pública y se pasó a los diversos ministerios en el que había personal involucrado en ese caso.
Ventura Ángel insistió si ese informe se entregó al Ministerio Público a lo que Sagasti respondió que se realizó en algunos casos, “incluso se entregó a la propia dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Salud que eran quienes tenían responsabilidad”.
También se presentó vía zoom el expresidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, quien sostuvo en su intervención que la llegada de la COVID-19 a nuestro país deslumbró todas las carencias que tenía nuestro sistema de salud.
Dijo que en sus inicios poco se pudo hacer debido a que la misma Organización Mundial de Salud (OMS) no tenía claro los lineamientos de salud. En el caso de nuestro país no se podía cuantificar el número de camas, de especialistas y que equipamiento se requería.
REUNIÓN DEL 18 DE MARZO
La comisión también recibió a funcionarios que participaron en la reunión del 18 de marzo del 2020 que tuvo lugar en la sede del ministerio de Economía y Finanzas (MEF), convocado por el Poder Ejecutivo con el fin de definir acciones ante la llegada de la COVID-19 al país.
Entre ellos, estuvo Rosa Alegría Alegría, directora general de Abastecimiento del MEF, de noviembre de 2019 a diciembre de 2020, cuya función era dictar las políticas que rigen en el sistema nacional y abastecimiento público.
“En esa reunión no solo fue para pruebas rápidas, sino para tener en cuenta la oferta mundial para poder adquirir las pruebas para el diagnóstico de la COVID-19. Había una extrema necesidad para la compra de pruebas”, dijo.
De igual forma, Pilar Castillo Flores, excoordinadora de los ensayos clínicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia señaló haber inoculado al expresidente de la República, Martín Vizcarra y a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, bajo la supervisión y conducción de sus coordinadores inmediatos, en ese entonces Germán Málaga y Javier Bustos, respectivamente.
En el caso de Martín Vizcarra, explicó que Málaga le pidió constituirse a Palacio de Gobierno la primera semana de octubre de 2020 y luego a fines de ese mismo mes para la segunda dosis.
De igual forma, para la vacunación de Pilar Mazzetti mencionó que se dirigió hasta su domicilio ubicado en Surco por orden de su jefe, Javier Bustos.
La Comisión de Fiscalización y Contraloría también recibió a Renee Dionicio Cáceres Falla, alcalde distrital de Majes, quien respondió en relación a presuntos actos irregulares en su gestión.
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