Tras la votación favorable del Pleno del Congreso de la República sobre los proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, para modificar la Ley que regula la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de profesionalización del Contador Público, la PCM saludó su aprobación al contribuir en la lucha contra la corrupción, particularmente el soborno y otros graves actos delictivos.
Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, manifestó que de esta manera el Congreso ha contribuido a fortalecer el Estado, a fin de evitar la impunidad frente a la corrupción y otros graves delitos cometidos por personas naturales y personas jurídicas utilizadas para su comisión.
En ese sentido, las normas aprobadas robustecen la competencia de investigación del Ministerio Público, para perseguir los delitos de soborno que involucran a empresas y personas jurídicas, sin estar condicionada a la evaluación técnica previa favorable que pueda emitir la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Asimismo, se mejora los alcances del modelo de prevención a implementar por las empresas y además se amplían los alcances de la Ley a los delitos aduaneros, tributarios, entre otros.
Además, las leyes aprobadas permitirán una mayor sanción para peruanos y representantes de personas jurídicas domiciliadas en el Perú que transgredan la línea de la legalidad y las fronteras del país para corromper a funcionarios públicos en el extranjero, abriendo la posibilidad de fortalecer la cooperación jurídica con otros países.
En adición a ello, la regulación aprobada por el Congreso contribuirá a fortalecer el desempeño ético de los contadores, asegurando la potestad sancionadora del Colegio de Contadores a fin de que puedan sancionar a sus agremiados que incurran en las faltas que estos establezcan en el marco de su autonomía administrativa.
En razón de ello, el Gobierno saluda las normas aprobadas por el Parlamento y reitera su disposición a trabajar de manera conjunta con el Congreso en los temas que resultan valiosos para los ciudadanos y los intereses del país.
Las normas aprobadas son iniciativas legislativas presentadas por el Poder Ejecutivo dentro del primer paquete de normas anticorrupción. En ese marco, dos de las cuatro normas han sido aprobadas, gracias a la oportuna atención de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso cuya evaluación permitió obtener un dictamen favorable para su discusión en el Pleno.
Cabe señalar que las normas recogen los estándares de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la ONU, y la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE, y conforme a las recomendaciones efectuadas por los mecanismos de seguimiento y grupos de trabajo de dichas organizaciones.
Fuente: Agencia Andina
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