Reforma energética enfrenta a embajadora de EE UU y al gobierno de Xiomara Castro
“La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”.
De esa manera se expresó la tarde de este martes la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, ante un proyecto de ley remitido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo para efectuar una reforma energética que, como parte toral, busca rescatar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y la renegociación de contratos con el sector privado.
La afirmación de Dogu, que implica una injerencia directa a la libre determinación del Estado de Honduras, fue contrarrestada de inmediato por el canciller Eduardo Enrique Reina, quien calificó la intervención de Dogu como una “opinión desacertada” que “no contribuye a las buenas relaciones con EE.UU.”.
“Sra Embajadora Ud. ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU.”, escribió en Twitter el secretario de Relaciones Exteriores.
El fin de semana el Poder Ejecutivo envío al Congreso Nacional un proyecto de decreto que contempla la Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica Como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social.
Hasta el momento la normativa ha sido respaldada por diversos sectores de la sociedad hondureña y ha recibido el rechazo de los inversionistas de la energía eléctrica con quienes el gobierno mantiene una deuda de 16,000 millones de lempiras (USD 653 millones).
La deuda total de la estatal eléctrica, a la que se suman los préstamos con la banca nacional y extranjera, supera los 75 mil millones de lempiras (USD 3,000 millones), que representa más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB).
El rechazo también ha sido expuesto por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que considera que la nueva ley lleva implícito la nacionalización de la energía eléctrica, sien embargo, los funcionarios de la administración Castro han asegurado que eso no tiene fundamento porque lo que se quiere es revertir una situación que ha empobrecido a Honduras con contratos leoninos que solo benefician a un grupo de empresarios.
Existen 75 contratos de generación de energía que facturan al mes 1,875 millones de lempiras con ganancias exorbitantes al vender a precios elevados en comparación con precios en la región centroamericana e incluso en Latinoamérica y a nivel mundial, en un país donde más del 73% de la población vive en pobreza, de esos, 53% en extrema pobreza.
Solo en 2022, el nuevo gobierno debe pagar a generadores de energía privados al menos 5,600 millones de lempiras que podría alcanzar los 7,000 millones, mientras las térmicas amenazan al gobierno que habrá suspensiones del servicio de energía, con lo que se afectaría a la población.
El mensaje de Laura Dogu también fue respondido por el ministro asesor de comunicaciones Milton Benítez, quien dijo que “Honduras fue secuestrada por la narco-dictadura, la invitamos a revisar que hay contratos de Los Cachiros (narcotraficantes), ahora en manos de banqueros ¿embajadora eso es normal?”.
El proyecto de ley remitido por la presidencia de la república al Poder legislativo, que estipula la declaratoria de emergencia nacional para el subsector eléctrico, autoriza al Poder Ejecutivo y a la Junta Directiva de la estatal eléctrica a implementar un plan de emergencia para la recuperación de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y del Organismo Operador del Sistema conocido como ODS que está bajo control privado.
Fuente: Agencia Nodal | Criterio
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