Temblores ONG entregó el reporte actualizado de denuncias contra la Policía en el marco del Paro Nacional. Las víctimas mortales serían 37 y los casos por disparos con arma de fuego ascienden a 110, asegura la organización. “Será la Fiscalía la que determine quién provocó esas muertes”, dijo vocero de la Policía.
Temblores ONG sigue registrando posibles casos de abuso policial durante el Paro Nacional convocado inicialmente contra la reforma tributaria del gobierno Duque, pero que ha escalado en ocho días de violentos enfrentamientos en las principales ciudades del país. De acuerdo con la última actualización, las víctimas de “violencia homicida” ya serían 37 desde el pasado 28 de abril.
“Lamentablemente, tenemos que informar a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a los medios de comunicación que nuestra plataforma GRITA ha podido registrar que, entre las 6:00 AM del 28 de abril y las 12:00 PM del 5 de mayo de 2021, ocurrieron, al menos, a nivel nacional, 1708 casos de violencia por parte de la Fuerza Pública”, informó Temblores ONG.
La última vez que Temblores había entregado un balance de la grave situación en Colombia, informó sobre 1.443 casos de violencia policial, lo que significa un crecimiento de 265 denuncias en solo 24 horas. En el nuevo reporte, Temblores ONG entrega a la opinión pública un balance de 222 víctimas de violencia física, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 22 víctimas de agresiones oculares, 110 casos de disparos con arma de fuego y diez denuncias por violencia sexual.
La organización aseguró que seguirá con su trabajo de registro y atención a las denuncias por violencia policial. Además, llamó la atención por el incremento en el uso de recalzadas -bolsas con elementos metálicos en su interior-, cortes simultáneos de la energía durante la noche -especialmente en Cali- y la suspensión del servicio de internet en zonas donde se estaba documentando la reacción de la Fuerza Pública.
Además, Temblores ONG realizó una serie de recomendaciones a los ciudadanos, teniendo en cuenta que desde hace días, según sus denuncias, no hay garantías plenas para ejercer el derecho a la manifestación pacífica. Invitó a quienes saldrán a las calles a regresar a sus casas alrededor de las 6:00 p.m., ingresar a la plataforma GRITA para documentar los casos de abuso policial y comunicarse vía WhatsApp ante cualquier arbitrariedad por parte de los uniformados.
“Por siete días consecutivos, y a pesar de la violencia con la que el Estado ha reprimido las protestas sociales, la ciudadanía ha salido masivamente a manifestarse y a reclamar sus derechos en las calles. A medida que se recrudece la violencia por parte del Estado, crece la indignación ciudadana y se aumentan nuestros registros de violencia policial. Durante todos estos días, hemos alertado a la comunidad internacional de la gravísima situación de derechos humanos que atraviesa el país”, explicó en el reciente comunicado.
Por su parte, la Campaña Defender la Libertad: asunto de todos/as, en su ejercicio propio de monitoreo, registró un total de 326 agresiones a la protesta en los últimos siete días. La organización defensora de derechos humanos tiene en sus cuentas 2854 detenciones, 1177 denuncias por manifestantes heridos, 27 lesiones oculares y el dato de 72 muertes durante el Paro Nacional, de las cuales 37 habrían sido cometidas por miembros de la Fuerza pública.
Entre tanto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicó su primer informe sobre “homicidios” en el marco de las protestas y el resultado es idéntico al denunciado por Temblores ONG hace un par de días: 31 muertes. El departamento más golpeado es Valle del Cauca, pues 25 de esos decesos se registraron allí. Indepaz asegura que el Esmad podría haber causado la muerte de 13 personas y policías regulares a otras cuatro.
Uno de los homicidios que, presuntamente, fue causado por agentes de la Policía, según Indepaz y testimonios ciudadanos, es el del joven de 19 años Santiago Andrés Murillo, a quien le dispararon en el tórax el pasado 1° de mayo en Ibagué. En el medio regional Ecos de Combeima quedó registrado cuando su madre, Sandra Milena Meneses, se enteró de que el manifestante había muerto en la Clínica Nuestra Ibagué. “Llévame contigo, hijo”, repitió esa noche y al día siguiente en una nueva jornada de manifestaciones.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, entregó las menores cifras en cuanto a muertes en el Paro Nacional. Según la entidad, solo se tiene reporte de 24 “fallecimientos” y uno de ellos corresponde al capitán Jesús Alberto Solano, quien murió el pasado 30 de abril tras recibir puñaladas en su espalda, cuando intentó frustrar un atraco en un local comercial de San Mateo (Soacha). Por otro lado, la Defensoría indicó a la Policía como posible autor de 11 muertes.
Policía pide debido proceso
El general Jorge Ramírez, inspector de la Policía Nacional, exigió este 5 de mayo que se respete el debido proceso: “Los 11 casos a los que hace referencia la Defensoría obedecen a que en esos lugares donde fueron reportados los fallecimientos había una intervención de la Policía. Pero eso no quiere decir que la Policía sea responsable de esas muertes. Será la Fiscalía la que determine quién provocó esas muertes. Como lo hemos dicho, la Fiscalía tiene siete procesos priorizados por homicidios y la Procuraduría asumió ocho casos de las 33 investigaciones abiertas”.
Mientras las cifras de heridos y muertos siguen engrosando las estadísticas de organizaciones sociales, tanto el fiscal general Francisco Barbosa como el ministro de Defensa Diego Molano responsabilizan al Eln y a las disidencias de las Farc por los actos vandálicos. Molano, de hecho, el pasado 1° de mayo señaló al grupo residual Gentil Duarte y a un movimiento conocido como JM19. Barbosa, por su parte, involucró en las investigaciones a grupos de narcotráfico pero no indicó cuales.
“Estamos concentrando toda nuestra acción en el esclarecimiento de los homicidios, quema y vandalismo de establecimientos públicos y privados, saqueos, abuso de la fuerza pública y contra la fuerza pública, obstrucción de vías, con lo cual se ha afectado derechos como la salud. Se ha bloqueado, por ejemplo, el ingreso de material médico vital como las vacunas COVID en la ciudad de Cali y otros derechos de alimentación de millones de ciudadanos de esta ciudad”, dijo Barbosa, anoche desde la capital del Valle.
Fuente: Agencia Nodal/El Espectador
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