Todo apunta a que Keiko Fujimori nunca pudo recuperarse de su segunda derrota electoral en el 2016. Otra vez las urnas le habían negado el acceso al sillón de Pizarro. Y perder por una mínima diferencia no estaba ni en la peor de sus pesadillas. Entonces se refugió en el silencio y desapareció del escenario político.
Sin embargo luego de meditar reapareció para saludar, vía twitter, a Pedro Pablo Kuczynski, deseándole la mejor de las suertes y ofreciendo su desinteresada colaboración para consolidar la democracia en bien del país.
Un generoso ofrecimiento toda vez que Fuerza Popular había obtenido una abrumadora mayoría en el Congreso.
Y eso hacía que su poder político fuera amplísimo. Pero utilizaron esa mayoría para imponer sus votos e incluso para jaquear a los ministros de PPK.
La tarea de demolición se dio en el 2017 cuando el fujimorismo forzó la censura de dos ministros, entre ellos uno de Educación y un primer ministro, y además, la renuncia de otros dos, entre ellos los ministros de Transporte y Comunicaciones y el de Economía y Finanzas.
Luego fueron por la presa mayor. Esta vez los fujimoristas, en connivencia con el Frente Amplio, buscaron vacar al mismo presidente del país, bajo la acusación de haber mentido al supuestamente ocultar vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
La intervención del menor de los Fujimori, Kenji y su grupo disidente, logró salvar a PPK, aunque solo momentáneamente.
Porque la decisión de sacar de Palacio de Gobierno a Pedro Pablo Kuczynski estaba tomada. Tres meses después, Pedro Pablo Kuczynski presentó su renuncia a la presidencia.
La historia vuelve a repetirse…
Pero si alguien pensaba que con el ingreso de Martín Vizcarra a la presidencia las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso mejorarían, se equivocaron.
Peor aún. El reciente cambio de la Mesa Directiva del Congreso y en las presidencias de las comisiones evidencia que la cúpula de Fuerza Popular ha radicalizado su discurso contra el Ejecutivo.
La imposición de Karina Beteta en la Mesa Directiva, la recomposición de comisiones (manteniendo la balanza de los votos a su favor, y la reelección de Rosa Bartra como titular de Constitución son claves para continuar mostrando su poder político para continuar blindando a sus favoritos, castigar a sus opositores y además, jaquear al Presidente Martin Vizcarra por intentar plantear una Cuestión de Confianza a su pedido de adelanto de elecciones.
Esa férrea oposición al adelanto de elecciones tiene una explicación.
La lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva de 36 meses, ha presentado por intermedio de su abogada, un recurso de casación que la Segunda Sala Penal de Apelaciones declaró infundado por unanimidad.
Al respecto el presidente del tribunal, Hugo Príncipe, declaró que el pedido de libertad presentado por Keiko no contó con ningún voto favorable. Añadió que tres de los jueces consideraron «fundada en parte» las casaciones y que la prisión preventiva debía disminuirse de 36 a 18 meses, mientras que otros dos pidieron que «se declaren infundadas».
En caso de que, la jueza dirimente se incline por los 18 meses, Keiko Fujimori deberá permanecer 8 meses más en la cárcel, es decir hasta el mes de abril del 2020 lo que la dejaría fuera de carrera para tentar por tercera vez, la presidencia de la República.
Porque en una campaña electoral de Fuerza Popular sin Keiko Fujimori a la cabeza, los fujimoristas corren el peligro de desaparecer del mapa político. Lo mismo sucedería con los apristas.
Esa y no otra, es la verdadera razón por la que los fujimoristas y apristas se oponen al pedido del Presidente Martín Vizcarra. Para ellos oponerse al adelanto de elecciones es cuestión de sobrevivencia. Es cuestión de vida o muerte.
Sobre todo si tenemos en cuenta que de acuerdo al último sondeo de Ipsos, los actuales parlamentarios apenas logran un 8% de aprobación.
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