El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó hoy en Consejo de Ministros el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2019-2022, que mantiene la proyección de crecimiento del PBI en 4,2% para 2019, similar a lo previsto en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2019-2022, debido principalmente a la aceleración del crecimiento económico, la cual se produciría, particularmente, en el segundo semestre del presente año.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, explicó que esta aceleración del crecimiento económico está asociada a la consolidación de la inversión privada como uno de los principales motores de crecimiento de la economía, la cual crecerá 7,6% en 2019 (la tasa más alta desde 2012), debido al mayor impulso de la inversión minera. A esto se suma la inversión pública que crecerá 4,5% en 2019, similar a lo previsto en el MMM 2019-2022, ante la continuidad de grandes proyectos públicos y medidas implementadas para fortalecer la inversión pública de los nuevos gobiernos subnacionales.
“La evolución esperada de la actividad económica para 2019 reafirma el compromiso del Gobierno con la consolidación del crecimiento económico en el corto, mediano y largo plazo, el cual estará sustentado, principalmente, por el fortalecimiento de la demanda interna y medidas de política económica orientadas a mejorar la competitividad y productividad del país, acompañado de un manejo responsable de las finanzas públicas. Todo ello, con la finalidad de continuar reduciendo la pobreza y mejorar el bienestar de la ciudanía”, explicó el ministro Oliva.
El titular del MEF recordó que la estabilidad económica y crecimiento alto son siempre los objetivos de la política económica del país, y el año 2018 se ha retomado la senda de crecimiento, que ha sido además reforzada por la reducción de la tasa de pobreza.
Crecimiento a mediano y largo plazo
Para el periodo 2020-2022, la proyección de crecimiento de la actividad económica se mantiene en 4,8%. Con la finalidad de fortalecer el crecimiento en el mediano y largo plazo, el Gobierno viene trabajando en una estrategia integral para impulsar la competitividad y productividad del Perú a través de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, cuyo objetivo principal es el de elevar la capacidad productiva de la economía que permita generar un crecimiento sostenido.
Como parte de la Política Nacional de Competitividad y Productividad se está elaborando el Plan Nacional de Infraestructura que permitirá priorizar, articular y consensuar proyectos para promover la competitividad en el corto, mediano y largo plazo con un enfoque territorial y multisectorial. Además, se continúan impulsando las Mesas Ejecutivas para generar nuevos motores de crecimiento mediante la diversificación productiva.
Responsabilidad fiscal
También se reafirma el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal. Así, se prevé que el déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) converja gradualmente a 1,0% del PBI en el año 2021, desde un nivel de 2,2% del PBI en el 2019, el cual es consistente con niveles sostenibles de deuda pública (por debajo del 30% del PBI).
En este contexto, se han implementado medidas para incrementar los ingresos fiscales permanentes, con la finalidad de proveer adecuadamente servicios e infraestructura pública de calidad y no afectar el dinamismo de la economía. En consistencia con la trayectoria fiscal, la deuda pública del SPNF ascenderá a 26,5% del PBI en 2019 y convergerá a 25,0% del PBI en 2022, ubicándose como la deuda más baja de la región.
Asimismo, se prevé un mayor dinamismo de los ingresos del Gobierno General, los cuales se expandirán desde un nivel de 19,5% del PBI en el 2019 a 20,5% del PBI en 2022. La proyección se sustenta en un crecimiento económico en torno a su potencial, la normalización de las devoluciones y el inicio del pago del impuesto a la renta de proyectos mineros nuevos. Adicionalmente, un factor clave en la dinámica de los ingresos será la recaudación prevista por la maduración de las medidas aprobadas en 2018, dirigidas a combatir la evasión y elusión de impuestos, como la masificación de comprobantes de pago electrónico y el fortalecimiento del marco antielusivo.
En consistencia con las reglas fiscales, el gasto no financiero del Gobierno General se estabilizará en torno al 20,2% del PBI entre 2019 y 2022. Este nivel de gasto permitirá continuar con el fortalecimiento gradual de las capacidades del capital humano, suministrar bienes y servicios públicos de calidad, y continuar con el cierre de brechas de infraestructura. Esto se desarrollará en un contexto donde se está implementando la modernización de la administración financiera del Sector Público, que tiene como objetivo fortalecer la gestión integral y eficiente de las finanzas del Estado para proveer servicios públicos de calidad a la población.
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