Con texto sustitutorio y por mayoría, se aprobó el proyecto de ley que regula la Administración Inmobiliaria, mediante la cual se establecen disposiciones complementarias a la Ley 17157, Ley de Regulación de Edificaciones, del Procedimiento para la declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común.
La norma propone que la Junta de Propietarios de las unidades inmobiliarias bajo el régimen de propiedad exclusiva y de propiedad común, son personas jurídicas de naturaleza civil sin fines de lucro. Su personería jurídica se origina con la inscripción del Reglamento Interno en la partida registral del predio matriz.
El legislador Edgar Ochoa Pezo (Nuevo Perú), presidente de la Comisión de Vivienda, explicó que la iniciativa contempla que la junta de propietarios contará con personería jurídica a la vigencia de la presente ley.
Cuando la propiedad del bien se encuentra en copropiedad, cada uno de los copropietarios son solidariamente responsables del pago de la totalidad de las cuotas de mantenimiento ordinarias y extraordinarias correspondientes a dicho bien, sin perjuicio de repetir lo pagado contra sus copropietarios en la proporción que les corresponda.
La norma aprobada afirma que la administración de los inmuebles bajo el régimen de la presente ley, le corresponde obligatoriamente al administrador designado por la junta de propietarios. El periodo del encargo será el que prevea el reglamento interno.
Población de Belén
El proyecto de ley que solicita derogar la Ley 3021, mediante el cual se viene implementando el traslado de la población de la zona baja de Belén, entró en un cuarto intermedio, según el acuerdo del Pleno.
Dicha norma – aprobada en el gobierno del presidente Ollanta Humala- contó con la aprobación de un sector que ya fue reubicado, pero con el rechazo de aquellos que se niegan al traslado porque no se ha previsto la forma en la que van a subsistir, sostuvo Patricia Donayre, durante el debate.
Ochoa pidió no derogar la norma de traslado porque dicho proceso ya está en marcha, inclusive se han ejecutado más de 200 millones de soles y construido viviendas básicas para la reubicación de las 2,500 familias que se hallan en una zona vulnerable.
Ochoa solicitó que dicha norma regrese a la Comisión de Vivienda donde será puesta en conocimiento de la misma población en busca de alternativas, especialmente de índole laboral.
Marisa Glave (Nuevo Perú), explicó que el proceso de reubicación de toda una población pasa no solo por construir casas alternativas, hay que contemplar el arraigo, costumbres y formas de vida de la población, dijo.
Tamar Arimborgo (FP), representante del lugar, sostuvo que la población se opone a la reubicación porque las dos mil 500 familias que viven allí se sustentan de la pesca que realizan en el río Nanay, intercambian mercancías con las poblaciones ribereñas constituyendo el comercio su forma de vida. Al ser trasladados a 15 kilómetros de allí de qué vivirá esa población, se preguntó.
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