Era un rumor que por décadas circulaba a sotto voce. Todos de alguna manera conocíamos a alguien que se había topado con algún juez venal que a través de un operador, se ofrecía a emitir un fallo que lo favoreciera. Todo dependía del clásico ¿cómo es? Pero la difusión de los audios que muestran a los más altos funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura y a jueces en pleno tráfico de influencias y corrupción, superó lo imaginable.
Primero porque el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) no es cualquier cosa. El CNM es un organismo constitucional autónomo que vigila y juzga disciplinariamente a los funcionarios judiciales, como fiscales o jueces en todo el país. También dirime la competencia de los casos entre la justicia ordinaria y la penal militar. Y como si todo esto fuera poco, tiene a su cargo la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales en todo el país. Además, nombra a los jueces y fiscales de todos los niveles luego de evaluarlos sus méritos académicos y profesionales (algo que ya vimos no es así). También ratifica a jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años.
Pero lejos de fortalecer el sistema de administración de justicia, han hecho lo contrario. Han sido ellos mismos los que se involucraron en casos de tráfico de influencias y corrupción.
Los audios difundidos por IDL-Reporteros revelan supuestos actos de corrupción y presunto tráfico de influencias entre los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y jueces.
Entre los comprometidos están el presidente de la Corte Suprema del Callao, Walter Ríos; los consejeros del CNM Iván Noguera, Guido Águila y Julio Gutiérrez; y también el presidente de la Segunda Sala Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza. Este último tiene un largo historial de fallos controvertidos.
Pero pese al gran escándalo suscitado por la evidencia de estos actos de corrupción, no son pocos los que creen que finalmente todo puede quedar en el olvido.
El escepticismo proviene porque a través de los años, muchos casos de corrupción judicial han sido denunciados y finalmente terminaron sepultados en el olvido.
Repasemos algunos de estos casos.
En un documento elevado en agosto de 2017 al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la fiscal especializada en Lavado de Activos, Marita Barreto, le informa que dos jueces y un fiscal en ejercicio, además de un ex fiscal superior, estaban siendo sometidos a investigación bajo la sospecha de haber pertenecido a la red de corrupción que encabezaba Rodolfo Orellana Rengifo.
Uno de ellos era el fiscal especializado en Crimen Organizado, Guillermo Arellano Martínez, quien archivó hasta tres denuncias por presunto lavado de activos contra Rodolfo Orellana. Otro era el juez de Chimbote, Juan Matta Paredes, quién extendió un hábeas corpus a favor de Ludith Orellana Rengifo para impedir que un tribunal la procesara por usurpación agravada de un terreno en Lurín. Los denunciados continúan despachando.
Tres años antes, agosto de 2014, Enrique Javier Mendoza entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia había señalado que hasta ese momento se habían detectado hasta 30 organizaciones criminales que cometían delitos de narcotráfico, extorsión, terrorismo, lavado de activos y trata de personas, en las que estarían involucrados varios jueces y fiscales.
En el 2016 el Poder Judicial ordenó liberar a 42 acusados de integrar peligrosas bandas criminales que infundían el terror en diversas partes del país. Entre ellos estaban el comisario de Chancay y el exjefe Terna quien era acusado de robar S/ 4 millones de una sede del Banco de la Nación de Puerto Maldonado.
Ante posteriores cuestionamientos el juez Ángel Ernesto Mendivil Mamani, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, afirmó que la “falta de pruebas” fue el factor que motivo su decisión.
Mientras, van apareciendo nuevos audios que menciona una letra (K) que ha provocado una reacción insólita de los congresistas de Fuerza Popular, cuya abrumadora mayoría la coloca como la número uno del parlamento. Ellos levantan la voz y piden a gritos que se investigue a los investigadores porque su difusión pone en peligro la democracia.
En cuanto al pedido del Presidente Vizcarra de formar una «Junta de Notables» esta idea ya fue formulada por el ex presidente Ollanta Humala para reorganizar la Dirección Nacional de Inteligencia y fue criticada por varios parlamentarios, como Yonhy Lescano y Mauricio Mulder.
Acerca del autor
